Mientras la impunidad y la violencia desangran a Chihuahua, Maru Campos premia a su alfil de cabecera, Gilberto Loya, entregándole la Fiscalía General del Estado. El gobierno panista no busca justicia; busca control social, represión y encubrimiento.
Poner al jefe de la policía al frente de la FGE rompe cualquier ilusión de debido proceso y contrapeso. Es la consolidación de un Estado policial a la medida de la derecha chihuahuense, vigilancia masiva con contratos millonarios (como la polémica Plataforma Centinela), persecución al disenso y total servilismo al grupo político en el poder. Para las víctimas, las familias de personas desaparecidas y los sectores populares, este nombramiento no es una promesa de resultados, es la garantía de que la Fiscalía seguirá operando como un brazo represor y de propaganda.
El nombramiento de Gilberto Loya como encargado de la Fiscalía General del Estado termina por quitarle la máscara a la administración de Maru Campos. Fiel a la doctrina de la derecha más rancia, la respuesta del gobierno estatal ante el colapso de la seguridad no es fortalecer las instituciones comunitarias ni atender las causas de la violencia, sino atrincherarse en el autoritarismo.
Confundir la procuración de justicia con la labor policial es una trampa peligrosa. Al trasladar a Loya de la SSPE a la FGE, el PAN unifica el aparato represivo bajo un mismo mando militarizado y punitivista. ¿De qué “orden y disciplina” habla la gobernadora? Del orden para los de abajo y la impunidad para los de arriba. La justicia en Chihuahua no se va a resolver convirtiendo al fiscal en un comisario de barriada; se resuelve con derechos, investigación civil y fin a la complicidad del poder político con el crimen.
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