Chihuahua, Chih. – Retrasos de varios meses, falta de coordinación entre juzgados y dependencias, convivencias familiares que no se concretan y resoluciones que terminan siendo revisadas por autoridades federales forman parte de las presuntas fallas denunciadas dentro del Poder Judicial de Chihuahua.
El abogado Jorge Emilio Hernández Mata señaló para La Raíz de Chihuahua que algunos procedimientos familiares y penales estarían siendo afectados por errores, omisiones y un posible desconocimiento de las etapas procesales por parte de personas juzgadoras de reciente incorporación. Advirtió que estas deficiencias no son menores, pues pueden afectar la libertad de una persona, la seguridad de las víctimas o el derecho de niñas y niños a convivir con sus familias.
Como ejemplo expuso el caso de un menor de tres años, cuyo procedimiento de guarda, custodia y convivencia se encuentra bajo la responsabilidad de la jueza 6 ° de lo familiar Graciela Guerrero Quiñonez. 
De acuerdo con Hernández Mata, el expediente acumula distintos episodios de demora y falta de seguimiento, por lo que ya no se trataría de un error aislado, sino de una cadena de omisiones dentro del mismo proceso por desconocimiento de la ley y los procesos.
El litigante explicó que en el asunto han intervenido autoridades de Chihuahua y Jalisco, debido al traslado de una de las partes. El DIF de Chihuahua habría enviado comunicaciones al DIF de Jalisco para verificar las condiciones del menor y dar seguimiento al procedimiento; sin embargo, el abogado cuestionó que algunos informes, documentos escolares y constancias incorporados al expediente no contienen información suficientemente clara.
También señaló problemas para acreditar el arraigo y determinar cuál autoridad debía intervenir de manera efectiva. A pesar de que existían elementos para sostener que el menor tenía vínculos y residencia en Chihuahua, el procedimiento continuó prolongándose mientras distintas instituciones intercambiaban oficios y valoraciones.
Uno de los puntos más delicados corresponde a las convivencias familiares. Según Hernández Mata, el juzgado ordenó encuentros supervisados a través del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM vía ZOOM. No obstante, estas convivencias no se habrían realizado de manera regular ni dentro de los tiempos establecidos, pues se le negó en varias ocasiones al padre hablar con su hijo.
El abogado indicó que una solicitud fue presentada desde el 3 de marzo, pero el juzgado recibió respuesta hasta el 19 de marzo. Posteriormente, el asunto habría permanecido detenido durante aproximadamente tres meses más por problemas administrativos y de coordinación para localizar, remitir o vincular correctamente las actuaciones del expediente.
A estas demoras se sumaría otro periodo de alrededor de cinco meses sin avances sustanciales. Hernández Mata sostuvo que en al menos dos ocasiones se presentaron dilaciones atribuibles al órgano jurisdiccional, lo que ha impedido que se cumplan con normalidad las convivencias y que se defina la situación jurídica del menor.
El litigante agregó que dentro del procedimiento se presentaron diversos elementos para acreditar las condiciones familiares y el arraigo, entre ellos comprobantes, fotografías, documentos escolares y constancias relacionadas con el domicilio y el entorno del niño. Sin embargo, afirmó que dichas pruebas no fueron analizadas oportunamente o no recibieron el seguimiento correspondiente.
El caso también llegó ante la justicia federal mediante un juicio de amparo. Hernández Mata explicó que una autoridad federal intervino para revisar las actuaciones del juzgado familiar y emitió determinaciones que debían ser atendidas dentro del expediente. Aun así, existen cuestionamientos sobre la forma y los tiempos en que dichas instrucciones fueron cumplidas.
Para el abogado, las consecuencias de estas omisiones recaen directamente sobre el menor, quien permanece en medio de un conflicto judicial prolongado. Recordó que en los asuntos familiares debe prevalecer el interés superior de la niñez y que cada retraso por ignorancia de los procesos jurídicos puede generar incertidumbre, hacer más difícil una eventual convivencia.
Hernández Mata consideró que este expediente refleja un problema más amplio dentro del Poder Judicial, la falta de preparación práctica, supervisión y conocimiento de algunos procedimientos. Señaló que la reciente renovación judicial no puede justificar errores cuando se encuentran en juego derechos fundamentales.
A este caso familiar se suman señalamientos de orden penal, donde también se cuestionan retrasos, deficiencias en las notificaciones y cambios en las medidas cautelares. El abogado sostuvo que ambos asuntos muestran la necesidad de revisar cómo están actuando los nuevos juzgadores y qué mecanismos existen para corregir sus decisiones antes de que el daño sea irreversible.
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