CDMX. – El Pleno del Senado de la República ha avalado la conformación del Comité de Evaluación de aspirantes para el Poder Judicial, con 75 votos a favor y 40 en contra. Este comité estará integrado por cinco destacados profesionales del ámbito jurídico y académico: Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Repper Fávila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres.

El Comité de Evaluación tendrá la responsabilidad de recibir y analizar los expedientes de los aspirantes a cargos en el Poder Judicial, asegurando que cumplan con los requisitos constitucionales y legales necesarios. Asimismo, se encargará de identificar a los candidatos mejor calificados, considerando sus conocimientos técnicos y capacidad para desempeñar el cargo.

Se espera que los comités se instalen a más tardar el 31 de octubre, para comenzar la verificación de elegibilidad de los aspirantes a partir del 15 de diciembre. Las entrevistas a los candidatos se realizarán desde el 31 de enero de 2025.

¿Quiénes son los integrantes del comité?

1. Maday Merino Damián: Abogada y académica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), reconocida como la primera mujer en presidir el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

2. Maribel Concepción Méndez Lara: Abogada formada en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), actualmente magistrada Numeraria del Tribunal Superior Agrario.

3. Ana Patricia Briseño Torres: Abogada y psicóloga por la Universidad de Sonora, ejerce como titular del Instituto Sonorense del Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ISTAI).

4. Andrés Norberto García Repper Fávila: Abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y exrepresentante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IET).

5. María Gabriela Sánchez García: Abogada y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

Con esta aprobación, el Senado da un paso importante en el fortalecimiento del sistema judicial, asegurando que los aspirantes sean evaluados de manera objetiva y profesional.