México – A partir de mañana, jueces y magistrados de todo el país se unirán al paro indefinido de labores iniciado por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. La protesta surge en rechazo a la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, que incluye la elección de jueces y magistrados mediante voto popular.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) confirmó que de los mil 403 juzgadores, mil 202 votaron a favor de suspender actividades jurisdiccionales, afectando a más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial federal. Desde las 00:00 horas de mañana, los juzgados y tribunales federales en todo el país cesarán operaciones y solo atenderán casos urgentes.
La Jufed argumenta que la reforma pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial, un pilar del sistema democrático mexicano. Además, afirman que la reforma afectará sus prestaciones y eliminará la carrera judicial como mérito para ascensos, mientras que sus argumentos en contra no han sido considerados adecuadamente, ya que fueron excluidos de los foros de discusión.
En respuesta al paro, la Suprema Corte de Justicia canceló la sesión pública del Pleno prevista para hoy. Los manifestantes también han bloqueado las entradas de tribunales y organismos judiciales. Además, la Jufed ha solicitado una medida cautelar contra la reforma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Presidente López Obrador acusó a los manifestantes de ser “paleros de la corrupción” y aseguró que la reforma no afectará a los trabajadores ni a la impartición de justicia. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco advirtió que el paro representa una amenaza para la estabilidad jurídica y el Estado de Derecho, así como para el ambiente de inversión y la seguridad jurídica.
La reforma propuesta incluye, entre otras cosas, la renovación de la Suprema Corte de Justicia mediante una elección en junio de 2025, lo cual ha sido criticado por diversos organismos civiles y empresariales por supuestamente socavar la independencia judicial y generar incertidumbre en el clima de negocios, además de incumplir compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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