La Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que la noche del 15 de octubre su sede de la unidad antisecuestros en Playas de Tijuana fue atacada mediante drones que lanzaron tres artefactos explosivos hechizos. La fiscal María Elena Andrade Ramírez informó que no hubo heridos y que los dispositivos estaban diseñados para causar daños materiales, afectando vehículos particulares y uno oficial en el patio de la institución.
Andrade Ramírez explicó que los explosivos consistían en botellas de plástico llenas de pólvora, clavos, balines y fragmentos metálicos, lanzados desde drones que operaban a distancia. Aunque provocaron perforaciones en vidrios y daños en la carrocería de los autos, no se registraron incendios ni personas lesionadas. Se descartó el uso de armas de fuego por parte de los agresores, aunque los agentes realizaron disparos preventivos ante la presencia de un dron no identificado.
El ataque se realiza bajo la investigación del delito de terrorismo y se vincula con el incremento de agresiones contra instalaciones de procuración de justicia en Baja California. Las autoridades consideran que la acción está relacionada con detenciones recientes de líderes y miembros de células del crimen organizado. La FGE mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República y corporaciones federales para procesar la escena y recabar evidencia.
La fiscal subrayó que el atentado fue dirigido específicamente al patio de la institución y no tuvo como objetivo a la población civil ni a la zona residencial colindante. Sin embargo, reconoció que el uso de drones dificulta la identificación de los responsables, al eliminar la presencia física y limitar la captura de placas o rostros. A pesar de ello, afirmó que cuentan con tecnología y recursos para dar seguimiento al caso y garantizar que los responsables sean sancionados.
Este incidente marca la primera vez que se documenta el uso de drones para atacar directamente a la Fiscalía en Baja California, lo que representa un desafío adicional en la investigación y un precedente en la evolución de ataques contra autoridades de procuración de justicia.
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