Silem García Peña, exregidor de Xalapa y excandidato a diputado por Movimiento Ciudadano, es ahora objetivo de una ficha roja de Interpol tras la orden de aprehensión girada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Las autoridades estadounidenses lo señalan como parte de la estructura de encubrimiento de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, preso en Estados Unidos.
De acuerdo con el expediente judicial, García Peña enfrenta acusaciones de crimen organizado, trata sexual con fines de explotación infantil, fraude y coacción, así como conspiración para inducir a víctimas a realizar actos sexuales ilegales. La jueza Loretta Preska formalizó los cargos el 23 de septiembre y, en caso de ser declarado culpable, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.
La Fiscalía de Nueva York coordina la búsqueda junto con Interpol y fiscalías mexicanas, mientras que en Veracruz se han reportado operativos tras versiones que apuntan a que García Peña habría sido visto acompañado de su esposa, Zabdy Asmaveth Quezada, actual regidora en Xalapa.
El exfuncionario es descrito en la investigación como un operador clave en la propaganda de la iglesia, usando su posición para manipular la opinión pública, intimidar a denunciantes y ocultar evidencias. Según los documentos, incluso participó en la destrucción de pruebas y en la presión contra víctimas para retractarse, acciones que reforzaron la protección del círculo cercano al llamado “Apóstol de Jesucristo”.
Además de García Peña, la acusación incluye a otros integrantes y operadores de la familia Joaquín, entre ellos Eva García de Joaquín, madre del líder y bajo custodia federal, y Joram Núñez Joaquín, detenido en Chicago. También figuran prófugos como Azalia Rangel y Rosa Sosa, señaladas como reclutadoras y operadoras de la red. Paralelamente, un operativo en Vista Hermosa, Michoacán, dejó 38 detenidos vinculados al grupo religioso, a quienes se les aseguraron armas, equipo táctico y radios de comunicación.
Colectivos de sobrevivientes celebraron los avances y destacaron que, aunque aún faltan responsables por procesar, estas acciones representan un paso importante en la búsqueda de justicia tras años de denuncias contra la cúpula de la organización.