El Instituto Nacional Electoral informó que actualmente tiene 392 procedimientos abiertos contra partidos políticos, ex candidatos y personas físicas y morales por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos. La mayoría de estos casos enfrenta retrasos debido a la entrega tardía de información por parte de autoridades externas, lo que dificulta avanzar en la fiscalización.

El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó un informe sobre los procedimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización del periodo 2016-2025. De los 392 procedimientos, 177 están relacionados con informes anuales y 123 con el Proceso Electoral 2023-2024. Además, hay ocho acatamientos pendientes de presentar ante el Consejo General. Este año, se resolvieron 575 procedimientos sancionadores, de los cuales 112 fueron impugnados y 37 confirmados. Las sanciones impuestas suman un total de 87 millones 233 mil pesos.

Las investigaciones incluyen presunto mal uso de recursos públicos y posibles irregularidades en informes de partidos y campañas electorales. Aunque el SAT respondió 201 de 211 solicitudes de información y la Unidad de Inteligencia Financiera atendió 12 de 13, muchas respuestas llegaron fuera de plazo. La consejera Carla Humphrey destacó que los retrasos afectan la capacidad del INE para concluir las investigaciones y exigió mejores mecanismos de colaboración con las autoridades.

Humphrey detalló que este año se hicieron 7 mil 948 solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y solo 0.2 por ciento fueron atendidas en un plazo de uno a cinco días, mientras que 54 por ciento llegaron con retraso de entre 16 y 30 días. También destacó que diez solicitudes del SAT permanecen sin atender y que la UIF respondió fuera de plazo en la mayoría de los casos, dejando una pendiente.

La consejera aprovechó para dar la bienvenida a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la UIF y reiteró la necesidad de que la Secretaría Ejecutiva del INE establezca una ruta jurídica que permita enfrentar negativas o retrasos de información por parte de las autoridades. Según Humphrey, esta medida es crucial para garantizar la fiscalización oportuna y efectiva de los recursos de los partidos y candidatos.