México., Aunque durante años el combate al huachicol ha sido presentado como una de las principales prioridades del gobierno federal, las cifras muestran que el robo y contrabando de combustibles continúa representando una de las mayores fugas económicas para México.
Lo que comenzó hace décadas como robos aislados en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) evolucionó hasta convertirse en una industria criminal capaz de mover miles de millones de pesos y de involucrar a organizaciones delictivas, redes empresariales y presuntos actos de corrupción dentro de instituciones estratégicas del país.
Durante los últimos años, el llamado huachicol tradicional —basado en la extracción ilegal de combustible mediante tomas clandestinas— ha mantenido una presencia constante. Tan solo al cierre de 2025, Pemex reportó más de 10 mil tomas clandestinas activas y pérdidas superiores a los 23 mil millones de pesos derivadas del robo de hidrocarburos.
El problema alcanzó notoriedad nacional en 2019, cuando el gobierno federal desplegó una estrategia de combate que incluyó vigilancia militar en ductos y refinerías. Aquellas acciones provocaron episodios de desabasto en varias regiones del país y coincidieron con una de las tragedias más dolorosas relacionadas con el fenómeno: la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron más de 130 personas.
Sin embargo, mientras las autoridades concentraban esfuerzos en el robo físico de combustible, comenzó a crecer otra modalidad aún más sofisticada: el huachicol fiscal.
Este esquema consiste en importar hidrocarburos bajo declaraciones falsas para evitar el pago de impuestos. En lugar de registrar gasolina o diésel, los cargamentos son reportados como aceites industriales, aditivos u otros productos, permitiendo el ingreso ilegal de millones de litros al mercado nacional.
Las investigaciones federales han señalado la participación de operadores aduanales, empresarios y presuntas redes de corrupción que habrían facilitado estas operaciones durante años en distintos puertos del país.
Uno de los casos más relevantes salió a la luz en 2025, cuando autoridades aseguraron 10 millones de litros de diésel presuntamente ilegal transportados en un buque en el puerto de Tampico. El decomiso abrió nuevas líneas de investigación que derivaron en procesos contra funcionarios y exmandos vinculados al sistema aduanero.
De acuerdo con estimaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el impacto económico del huachicol fiscal podría alcanzar los 600 mil millones de pesos, una cifra que supera ampliamente las pérdidas ocasionadas por el robo tradicional de combustible.
Pese a los decomisos, detenciones y operativos implementados en los últimos años, especialistas consideran que el combate al huachicol sigue siendo uno de los mayores retos para el Estado mexicano, no solo por el daño económico que genera, sino por las redes de corrupción y crimen organizado que continúan encontrando formas de operar dentro de sectores estratégicos del país.
Reportera: Ana Palma
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