
México., La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, advirtió sobre los riesgos institucionales que implicaría para el organismo asumir funciones relacionadas con la validación de la integridad de candidaturas, en el marco del debate legislativo sobre la iniciativa de reforma electoral presentada recientemente por la Presidencia de la República.
La titular del INE explicó que la propuesta plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del organismo electoral, integrada por cinco consejeras y consejeros con presidencia rotativa anual. Este mecanismo tendría como objetivo establecer coordinación con autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera para revisar perfiles de aspirantes a cargos de elección popular.
Taddei Zavala señaló que el Instituto Nacional Electoral tiene la responsabilidad constitucional de organizar elecciones y garantizar principios como legalidad, transparencia, certeza y equidad, por lo que alertó sobre el riesgo de colocar al organismo en el centro de disputas políticas si se le asignan atribuciones para juzgar la probidad de las candidaturas.
De acuerdo con la iniciativa, los partidos políticos o candidaturas independientes podrían entregar voluntariamente listas de aspirantes para ser revisadas por autoridades competentes, quienes determinarían si existe un “riesgo razonable” relacionado con posibles vínculos ilícitos. Posteriormente, el INE únicamente notificaría los resultados bajo criterios de confidencialidad.
La consejera presidenta sostuvo que corresponde exclusivamente a las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia investigar y determinar posibles irregularidades, al recalcar que el INE no es un órgano ministerial ni judicial. También destacó que la decisión de someter candidaturas a revisión seguiría siendo responsabilidad de los partidos políticos.
Asimismo, Guadalupe Taddei indicó que otra de las propuestas incluidas en la reforma busca establecer una causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, lo que obligaría al Instituto a desarrollar nuevos lineamientos y procedimientos relacionados con el financiamiento externo en procesos electorales.
Finalmente, reiteró que el INE mantendrá disposición para aportar elementos técnicos y experiencia operativa durante la discusión legislativa, aunque insistió en la necesidad de delimitar claramente las atribuciones institucionales para preservar la neutralidad e imparcialidad del organismo electoral.





