Ciudad de México., La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó la desarticulación de lo que calificó como la mayor red de contrabando de hidrocarburos detectada en México, tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, presuntamente relacionado con la organización.
Durante un mensaje, explicó que la red introducía gasolina y diésel desde refinerías de Texas mediante declaraciones falsas en las aduanas, reportando volúmenes inferiores a los reales o registrando el combustible como otros productos para evadir el pago de impuestos. Como ejemplo, señaló que carros tanque declaraban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros.
Godoy indicó que, una vez en territorio nacional, el combustible era descargado en conexiones ferroviarias y distribuido mediante pipas y tractocamiones de siete empresas que, presuntamente, operaban sin los permisos correspondientes. La reconstrucción del esquema fue posible mediante el análisis de información aduanera, ferroviaria, fiscal, financiera y corporativa.
La fiscal informó que la organización habría dejado de declarar más de 15.2 millones de litros de combustible, generando una evasión estimada de 88.5 millones de pesos por concepto de IEPS y 18.2 millones de pesos de IVA. Agregó que, al ampliar las investigaciones a 4 mil 238 operaciones de importación en aduanas de Tamaulipas, el daño potencial a la Hacienda Pública superaría los 4 mil millones de pesos.
En el aspecto financiero, detalló que se detectaron movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias, además de operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares, utilizando presuntamente “cuentas puente” para dificultar el rastreo de los recursos.
Como resultado de la investigación, la FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la red, entre ellos empresarios, operadores logísticos, agentes aduanales, servidores públicos y el exgobernador Ernesto Ruffo. La dependencia aseguró que los operativos continúan para ejecutar las órdenes pendientes y sostuvo que el caso está respaldado por pruebas documentales, periciales, científicas y financieras.
Reportera: Melissa Piñón
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