La Fiscalía General de la República (FGR) presentó formalmente ante una jueza federal la primera carpeta de investigación en contra de Javier Tapia Santoyo, exsecretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por adjudicar en 2018 contratos por más de 11 millones de pesos a una empresa considerada “fantasma” mientras se desempeñaba como tesorero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Según la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se judicializó el expediente FED/FECC/UNAI-CDMX/0000530/2019, donde se acusa a Tapia Santoyo y a dos exfuncionarios del ISSSTE por el delito de uso ilícito de atribuciones, debido a la adjudicación de tres contratos a la empresa Interacción Biomédica S.A. de C.V. pese a que ésta ya figuraba en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresa simuladora de operaciones desde 2017.
En la audiencia inicial, celebrada el 27 de febrero en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Oriente, la defensa del exfuncionario solicitó duplicar el plazo constitucional para presentar pruebas; la resolución sobre su situación jurídica se espera para el 4 de marzo. En contraste, los otros dos imputados aceptaron establecer un proceso, y la jueza les impuso medidas cautelares como la prohibición de salir del país y la obligación de firmar periódicamente.
Organizaciones civiles han señalado que la investigación contra Tapia Santoyo no se limita a este expediente. En diciembre de 2023, el colectivo TOJIL documentó presuntas redes de empresas fachada relacionadas con Interacción Biomédica y otras compañías que habrían recibido más de 3 mil 300 millones de pesos en recursos públicos. La red, según esa investigación, se remonta a sus contratos en el ISSSTE y continuó durante su paso por el IPN, lo cual ha alimentado otras carpetas abiertas por la Fiscalía por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tapia Santoyo fue destituido de su cargo en el IPN en 2025, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitara su remoción por los presuntos actos de corrupción que ahora están bajo investigación penal.
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