Chihuahua.— El exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alberto Fierro Ramírez, presentó un amparo indirecto ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito para protegerse contra cualquier orden de aprehensión que pudiera librarse en su contra por supuestas irregularidades durante su gestión (2016–2021). La demanda, ingresada en días recientes, reclama la ilegalidad de mandamientos de captura actuales o futuros y defiende su historial limpio de delitos penales.
Según la Auditoría Superior del Estado (ASE), al 31 de julio de 2021 la UACH acumuló una deuda de 1,542 millones 679 mil 720 pesos con Pensiones Civiles del Estado, de los cuales 524 millones corresponden a recargos, 380 millones a servicios médicos y 228 millones a aportaciones al fondo propio. Ese pasivo creció un 444 % en cuatro años, de acuerdo con informes oficiales de 2020 y 2021.
En noviembre de 2024, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) sancionó al exjefe de Recursos Humanos de la UACH por autorizar pagos indebidos de 259,522 pesos a colaboradores de Fierro, una decisión que marcó el inicio de un proceso de inhabilitación para varios miembros de su equipo. La ASE, por su parte, inició procedimientos administrativos para investigar esta y otras irregularidades.
Apenas en mayo de 2025, la ASE impuso sanciones a un exdirector administrativo y a la ex tesorera de la universidad por la omisión de 209 millones de pesos destinados a Pensiones Civiles. Aunque Fierro no figura directamente en esos expedientes, el origen de los recursos proviene del presupuesto aprobado bajo su rectorado.
El amparo de Fierro se suma a la inhabilitación de varios exfuncionarios y a la atención que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto sobre la UACH. Hasta ahora, no se ha presentado ninguna imputación formal contra el exrector, pero las investigaciones continúan y podrían derivar en responsabilidades penales si se acreditan conductas dolosas.
En su escrito, Fierro Ramírez asegura que “jamás he cometido delito alguno del orden penal” y solicita protección judicial preventiva. Sin embargo, su solicitud ha sido interpretada como una estrategia para ganar tiempo mientras se resuelven los procesos administrativos y penales en su contra.
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