Cuauhtémoc.— Una denuncia por un presunto fraude de 900 mil pesos, acompañada de señalamientos por amenazas contra la víctima y su hermano, mantiene bajo cuestionamiento la actuación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, dirigida por Juan Carlos Portillo Coronado luego de que René Arturo Espinoza Torres exigiera que las autoridades actúen de manera formal y den seguimiento institucional a su denuncia.
De acuerdo con la querella presentada el 26 de enero de 2026, Espinoza Torres señala a Alejandro C. y a su padre, Francisco C., de haberlo convencido de invertir en una supuesta granja productora de huevo ubicada en el poblado de San Antonio de Sáenz. Según su declaración, durante 2024 mantuvo reuniones y conversaciones con ambos, hasta que a principios de 2025 aceptó participar en el supuesto negocio.
El denunciante refiere que entre febrero y abril de 2025 entregó 300 mil pesos en efectivo en cada ocasión, para sumar 900 mil pesos, a cambio de rendimientos que, según su relato, serían del 10 por ciento mensual y quedarían respaldados mediante pagarés. Sin embargo, sostiene que al llegar los vencimientos comenzó a recibir explicaciones sobre retrasos en la producción y comercialización del huevo, sin que finalmente le fueran devueltos su capital y los rendimientos ofrecidos.
Ante la falta de pago, en junio de 2025 Alejandro C. habría entregado un convenio de reconocimiento de adeudo por 900 mil pesos, de acuerdo con la querella, además de comprometerse a realizar pagos mensuales. Posteriormente, el denunciante afirma que dejó de recibir respuestas y que, al acudir junto con su hermano a San Antonio de Sáenz para reclamar el adeudo, ambos habrían sido objeto de amenazas de muerte .
En la denuncia se describe un encuentro ocurrido aproximadamente a mediados de septiembre de 2025, en el que Alejandro y Francisco C. presuntamente utilizaron expresiones amenazantes contra los hermanos. Espinoza Torres sostiene además que Alejandro realizó llamadas para solicitar la presencia de otras personas, por lo que decidieron abandonar el lugar; posteriormente, afirma, una camioneta gris con vidrios polarizados los habría seguido al salir del poblado.
Otro de los puntos señalados en la querella ocurrió el 22 de diciembre de 2025, cuando la víctima y su hermano regresaron a San Antonio de Sáenz para localizar la granja en la que supuestamente se encontraba invertido su dinero. Según el denunciante, encontraron las instalaciones abandonadas y vecinos del sector les habrían referido que el lugar llevaba tiempo sin operar. Este señalamiento, al igual que el resto de los hechos denunciados, deberá ser corroborado mediante las investigaciones correspondientes.
La controversia aumentó después de que el Fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, manifestara públicamente que desconocía los detalles del caso y que revisaría qué había ocurrido con la investigación. Pero , la víctima recibió mensajes en los que presuntamente se hacía referencia a una comunicación directa con un integrante de la Fiscalía.
René Espinoza , asesorado jurídicamente por Ramón Quintana, sostiene que lo que busca ahora es que la Fiscalía actúe por las vías formales y no mediante comunicaciones informales o mensajes de WhatsApp. Su exigencia es que se investiguen los hechos denunciados, se determine si existen responsabilidades penales por el presunto fraude y las amenazas, y se esclarezca cualquier posible irregularidad dentro de la actuación ministerial. La defensa también plantea que, si existe un eventual acuerdo para recuperar el dinero, éste deberá realizarse de manera formal, documentada y con garantías suficientes, sin que ello sustituya la investigación de los hechos denunciados.
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