Chihuahua, Chih., El Gobierno de Chihuahua responsabilizó al Gobierno Federal de no contener la violencia que ha provocado el desplazamiento forzado de familias en la Sierra Tarahumara y pidió una mayor intervención de las autoridades federales para frenar la crisis que afecta principalmente a comunidades indígenas y rurales del estado.
En rueda de prensa, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, sostuvo que el desplazamiento no responde a una decisión voluntaria de las familias, sino a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado. Afirmó que, aunque la administración estatal brinda atención humanitaria a las personas desplazadas, el combate a estos grupos corresponde constitucionalmente a la Federación.
El funcionario señaló que el Estado ha implementado, desde 2022, una estrategia de atención mediante la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, con acciones como albergues temporales, alimentación, atención médica, apoyo psicológico, asesoría jurídica y programas de integración para las familias que abandonaron sus comunidades.
Sin embargo, Rascón reconoció que estas medidas únicamente contienen los efectos de la crisis y no atacan su origen. Por ello, pidió que el desplazamiento forzado sea incorporado como un tema permanente en las mesas federales de construcción de paz, que se asignen recursos específicos para atender a las víctimas y que se fortalezca la presencia de fuerzas federales en la región serrana.
El secretario también solicitó restablecer servicios básicos como salud, energía eléctrica y abasto en las comunidades expulsoras, además de reforzar el combate a la tala ilegal. Sostuvo que sin condiciones de seguridad y sin servicios públicos será imposible que las familias regresen de manera definitiva a sus hogares.
Aunque el Gobierno estatal insistió en que la principal responsabilidad para enfrentar a los grupos criminales recae en la Federación, el fenómeno del desplazamiento continúa afectando a comunidades chihuahuenses pese a las acciones implementadas por ambos órdenes de gobierno, mientras cientos de familias permanecen fuera de sus hogares a la espera de condiciones que les permitan retornar con seguridad.
Este enfoque mantiene el contraste: presenta la postura del Estado, pero cierra recordando que la crisis persiste y que, independientemente de las competencias legales, el desplazamiento sigue sin resolverse.
Reportero: Ángel Solís
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