El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas con sede en México, acusados de proveer precursores químicos al Cártel de Sinaloa, específicamente al grupo liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocido como Los Chapitos.

La medida, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, busca frenar el flujo de sustancias utilizadas en la producción de fentanilo, droga responsable de más de medio millón de muertes en territorio estadounidense. Según el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, esta acción representa un paso firme en la lucha contra las redes financieras que sustentan al crimen organizado.

Entre los sancionados figuran miembros de la familia Favela López —Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela— junto a Jairo Verdugo Araujo, Gilberto Gallardo García, César Elías López Araujo y Martha Emilia Conde Uraga, identificada como intermediaria clave en la distribución de químicos. Las empresas involucradas operan en sectores como químicos, salud, limpieza, agricultura y bienes raíces, bajo nombres como Sumilab, Agrolaren, Viand, Favelab, Fagalab, Qui Lab, Storelab, Macerlab, Viosma, Prolimph, Salud y Roco.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la red operaba principalmente desde Culiacán, Sinaloa, usando compañías fachada para ocultar su relación con Los Chapitos. A pesar de las sanciones previas impuestas a Sumilab en 2023, los implicados continuaron operando bajo nuevos registros y prestanombres para mantener el control del negocio y abastecer tanto a laboratorios clandestinos en México como a empresas en Estados Unidos.

Las sanciones implican el congelamiento inmediato de bienes e intereses en territorio estadounidense, así como la prohibición de cualquier transacción con personas o entidades sancionadas. Además, las instituciones financieras que colaboren con los designados podrían enfrentar sanciones civiles o penales. El Tesoro estadounidense reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para debilitar la estructura financiera del Cártel de Sinaloa y reducir el tráfico de fentanilo hacia su territorio.