Chihuahua. – La reciente denuncia de ciudadanos sobre malos tratos y falta de atención en la recaudación de rentas ubicada en la Ortiz Mena de Chihuahua, pone de manifiesto una problemática que lamentablemente no es ajena en la prestación de servicios públicos en nuestro país. La actitud negligente y prepotente de algunos funcionarios, así como la falta de infraestructura adecuada, reflejan una profunda desatención hacia las necesidades de la ciudadanía.

El Subsecretario de vialidad, Cesar Komaba, reconoció la falta de seguridad en la atención a los ciudadanos y señaló la imposibilidad de brindar servicio en caso de cortes de luz. Esta declaración evidencia una grave carencia en la gestión de recursos y en la planificación de contingencias por parte de las autoridades responsables.

Además, la situación se agrava con la saturación del sistema para sacar citas y las prolongadas esperas para realizar trámites básicos, como la obtención de licencias de conducir. La respuesta de los funcionarios ante estas quejas, lejos de ser empática y propositiva, ha sido indolente y hasta despectiva, como lo demuestra el incidente protagonizado por un guardia de seguridad que se burló de los ciudadanos afectados.

La actitud del guardia de seguridad, lejos de ser un caso aislado, refleja una cultura de desprecio hacia la ciudadanía y una falta de responsabilidad por parte de las autoridades en garantizar un servicio público de calidad. La respuesta del Subsecretario de vialidad, limitándose a una simple llamada de atención, es insuficiente y demuestra una falta de compromiso real con la mejora de los servicios públicos.

Es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad y tomen medidas concretas para resolver estas problemáticas. La rendición de cuentas, la transparencia en la gestión y el respeto hacia los ciudadanos deben ser los pilares fundamentales sobre los cuales se construya la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad. La ciudadanía merece ser tratada con dignidad y recibir una atención adecuada por parte de las instituciones gubernamentales, y es responsabilidad de todos exigirlo y velar por ello.