La reciente apertura del procedimiento por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado contra el exgobernador Javier Corral ha desatado un drama político de dimensiones escandalosas. Acusado por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, la audiencia inicial realizada recientemente apenas es el prólogo de un largo proceso que podría determinar su futuro en el servicio público.o

Corral, conocido por su activismo anticorrupción y ahora senador electo por Morena, se enfrenta a una crisis. La denuncia interpuesta por el diputado priista Omar Bazán ha colocado bajo la lupa sus acciones mientras estuvo al mando del gobierno estatal.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), instancia a la que será remitido el expediente una vez concluidas las vacaciones, decidirá sobre la pertinencia de las pruebas presentadas. Este tribunal, en medio de una reestructuración que amplía su Pleno de tres a cinco magistraturas, se encuentra en un proceso de transición que podría influir en la celeridad de sus decisiones.

Con apenas unas semanas antes de que Corral asuma su nuevo cargo legislativo, el tema del fuero se añade como un elemento de protección que podría impactar significativamente en el desarrollo del caso. ,

Corral ha optado por una estrategia de desacreditación, tildando el procedimiento como un “circo mediático”. Su decisión de no asistir personalmente a la audiencia inicial, enviando en su lugar a sus abogados, refleja una postura defensiva que busca minimizar la legitimidad del proceso en curso.

El verdadero circo no recae en los comentarios en redes sociales hechos por el ex mandatario o en las maniobras legales, sino en la capacidad de nuestras instituciones para impartir justicia de manera equitativa y oportuna.