A Casita – La noticia de la prisión domiciliaria concedida al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha generado un profundo cuestionamiento entre los ciudadanos del estado. Duarte, quien enfrenta 18 cargos con agravantes en su contra, ha pasado de la reclusión preventiva en una cárcel a la comodidad de su hogar, bajo el argumento de problemas cardíacos que lo mantienen hospitalizado.

Sin embargo, las circunstancias en torno a esta decisión suscitan una legítima preocupación. ¿Es realmente una medida humanitaria debido a su estado de salud, o hay otras fuerzas en juego?

Resulta especialmente inquietante que esta liberación se produzca tan cercana a las elecciones del 2024. Las especulaciones sobre posibles tratos entre Duarte y el gobierno durante su periodo de reclusión no hacen más que añadir combustible al fuego de la desconfianza. La estrecha relación que ha mantenido con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Hernández, también plantea interrogantes sobre la integridad del proceso judicial.

Aunque el fiscal César Jauregui Moreno haya afirmado que la liberación de Duarte se ajusta a la ley, argumentando que ha pasado el periodo legal de prisión preventiva, la percepción pública sigue siendo de escepticismo. ¿Acaso la ley es un mecanismo para encubrir complicidades?

Mientras tanto, la voz del pueblo grita por justicia. Aunque se anuncie el decomiso de los bienes del exgobernador para resarcir el daño al estado, ¿es suficiente esta medida? ¿Qué mensaje envía a la sociedad permitir que alguien como Duarte espere juicio en la comodidad de su hogar?

El caso de César Duarte no es solo una cuestión legal, sino un símbolo de la lucha contra la impunidad y la corrupción que tanto aquejan a Chihuahua y al país en su conjunto. La esperanza de que la justicia prevalezca sobre cualquier influencia política o económica sigue siendo un anhelo para miles de ciudadanos.