La red de huachicol fiscal destapada por autoridades mexicanas operó con la colaboración de empresas estadounidenses, que permitieron el paso de miles de litros de crudo robado en México hacia Estados Unidos para su refinamiento y posterior retorno como gasolina legal sin pagar impuestos. Entre las compañías involucradas figuran Arroyo Terminals, Big Hog Energy y Jentran, según fuentes del gobierno estadounidense.

El millonario James Jensen, propietario de Arroyo Terminals en Río Hondo, Texas, habría actuado junto con su familia para lavar ganancias de la venta de crudo ilegal. El combustible era trasladado desde México mediante intermediarios, almacenado en terminales estadounidenses y refinado antes de regresar al país, donde funcionarios federales y aduaneros ayudaban a ocultar los cargamentos bajo etiquetas falsas para su venta a gasolineras mexicanas.

De acuerdo con la investigación, entre mayo de 2022 e inicios de 2025, solo las firmas de Jensen recibieron al menos 2 mil 881 cargamentos de crudo, generando ganancias por 300 millones de dólares, de los cuales 47 millones se habrían destinado a socios criminales en México. La DEA señala que este esquema evidencia un nuevo método de financiamiento de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía General de la República indica que en 2023 se consolidó una red en México que involucra servidores públicos, civiles y empresas, dedicada al robo de combustible. Tras ser enviado a Estados Unidos para su refinamiento, el crudo regresaba al país para su venta, evadiendo impuestos millonarios. Los informes señalan la participación de organizaciones criminales como CJNG, Los Zetas y el Cártel de Sinaloa.

El expediente de la FGR identifica rutas de operación, contactos y empresas implicadas, entre ellas Grupo Jomadi Logistics & Cargo, Energy International y Serv Energy, destacando la complejidad de la red y la colusión entre actores mexicanos y estadounidenses para mantener este esquema de huachicol fiscal.