Chihuahua. – La crisis de sarampión y tosferina que enfrenta el estado de Chihuahua ha sido marcada por el silencio institucional, la opacidad en la información, la demora en los comunicados oficiales y la falta de liderazgo técnico visible. A esto se suma la ausencia de acciones intensificadas en los momentos más críticos del brote, lo que constituye una grave negligencia que debe ser aclarada sin evasivas. Así lo expresó la diputada Jael Argüelles Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, al presentar una serie de preguntas dirigidas a Gilberto Baeza, titular de la Secretaría de Salud.
Ante tribuna, Argüelles Díaz calificó como irresponsable la ausencia del funcionario en el Congreso, al considerar que la rendición de cuentas no es solo un deber con el Poder Legislativo, sino con la ciudadanía. Señaló que el brote evidencia fallas estructurales y operativas acumuladas en el sistema estatal de salud, cuya prevención dependía de decisiones oportunas, una cobertura efectiva, vigilancia permanente y una coordinación interinstitucional sólida.
“Durante los últimos años se han documentado brechas crecientes en la cobertura de vacunación, especialmente en regiones rurales, comunidades indígenas, zonas de difícil acceso como la Sierra Tarahumara, y entre sectores con baja aceptación, como las comunidades menonitas”, afirmó.
Asimismo, la legisladora advirtió que no alcanzar los niveles mínimos de cobertura (≥95%) ha debilitado la inmunidad colectiva, dejando expuestos a miles de niños, niñas y adultos sin vacunas o con esquemas incompletos.
En este sentido, indicó que son evidentes las lagunas en las estrategias de contención, prevención, vigilancia, atención médica y comunicación social implementadas hasta la fecha, y que las interrogantes tocan dimensiones clave que han generado preocupación legítima entre la comunidad, los medios de comunicación y los profesionales de la salud.
“Surgen cuestionamientos tan básicos como ¿qué se hizo y qué no se hizo?, ¿por qué no se actuó con urgencia?, ¿cuáles fueron las fallas logísticas, presupuestales, de coordinación o incluso de voluntad política?”, cuestionó.
En este sentido, enfatizó que no se trata de una inquisición política, sino de una exigencia sanitaria, ética e institucional. Si el Secretario de Salud considera que su actuación ha sido responsable, técnica y efectiva, no debería temer comparecer ni responder a estas preguntas. La salud pública no admite opacidad ni excusas.
De las cerca de 50 preguntas formuladas por Argüelles Díaz, se solicitó que la información mencionada sea proporcionada en formato de datos abiertos y desagregada, que las respuestas que se brinden no sean ambiguas, evasivas ni incompletas, además de que cada respuesta sea puntual, verificable y debidamente sustentada con evidencia técnica y documental.
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