Chihuahua, Chih., El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó la creación de la Ley de Indulto y la reforma al Código Penal estatal, con el objetivo de humanizar la política penitenciaria y brindar una segunda oportunidad a personas privadas de la libertad que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Con esta ley, se otorga al gobernador o gobernadora la facultad de conceder el indulto bajo los criterios establecidos en la nueva normativa.
Durante la sesión legislativa, la diputada Nadia Xóchitl Contreras Herrera, integrante de la Comisión de Justicia, señaló que esta medida responde a una necesidad urgente de humanizar el sistema penitenciario y fortalecer los derechos fundamentales. Explicó que la nueva ley busca favorecer la reinserción social efectiva, proteger la dignidad humana y mantener la cohesión familiar, sobre todo en los casos donde las personas privadas de la libertad son las únicas cuidadoras de hijas o hijos menores de catorce años o dependientes con discapacidad.
La iniciativa fue propuesta por la gobernadora María Eugenia Campos Galván ante la falta de una legislación específica que regulara el procedimiento de solicitud y otorgamiento del indulto. Hasta ahora, las disposiciones existentes eran limitadas y poco aplicables, lo que impedía atender casos con circunstancias humanitarias particulares. La nueva ley permitirá al Ejecutivo estatal otorgar el indulto a personas sentenciadas primarias que hayan mostrado buena conducta, un alto grado de reinserción social y que no representen un riesgo para la comunidad o las víctimas.
El beneficio podrá aplicarse de manera preferente a personas mayores de 70 años, con enfermedades crónicas o terminales, pertenecientes a grupos vulnerables o responsables únicas del cuidado de menores o personas con discapacidad. Para ello, se creará un Comité Técnico encabezado por la Secretaría General de Gobierno e integrado por la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica, que analizará cada caso y emitirá una recomendación.
La ley también establece las excepciones al indulto, quedando excluidas las personas sentenciadas por delitos de corrupción, agresiones sexuales, así como aquellas con antecedentes de mala conducta penitenciaria. Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado implementará programas de acompañamiento para las personas indultadas, con apoyo psicológico, capacitación laboral, acceso a servicios de salud y vinculación con programas sociales, a fin de garantizar una reinserción digna y efectiva.
Con esta nueva legislación, Chihuahua da un paso importante hacia una justicia más humana, moderna y comprometida con la rehabilitación social, priorizando la dignidad y los derechos de quienes buscan una segunda oportunidad.
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