La Cámara de Diputados aprobó este martes 7 de octubre, en lo general, el dictamen de reforma a la Ley Aduanera con 338 votos a favor, 129 en contra y ninguna abstención. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca modernizar la legislación aduanera, fortalecer los mecanismos de control y vigilancia digital, y reforzar las medidas contra la evasión y elusión fiscal.

Entre los principales cambios, se establece que la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años y deberá renovarse mediante certificación cada tres. Además, se crea el Consejo Aduanero, encabezado por la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado de decidir sobre la emisión, suspensión, cancelación o prórroga de patentes, así como sobre la inhabilitación de agentes y agencias aduanales.

El dictamen incorpora también un procedimiento simplificado para el despacho aduanero de empresas de mensajería y paquetería, con la posibilidad de obtener autorizaciones específicas por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). A la par, se actualiza el Régimen de Depósito Fiscal y se incluye el de Recinto Fiscalizado Estratégico dentro de los programas de diferimiento de aranceles, para garantizar el pago de contribuciones mediante depósitos en cuentas aduaneras de garantía.

La reforma endurece las sanciones a los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir con los requisitos establecidos. En esos casos, será obligatorio presentar documentación que acredite la vigilancia aduanera por parte de autoridades extranjeras que no formen parte de un tratado de libre comercio.

También se fijan nuevas reglas para las empresas certificadas. Los contribuyentes cuyo registro en el Esquema de Certificación de Empresas (OEA) haya sido cancelado deberán esperar cinco años para volver a solicitarlo, y quienes hayan perdido la certificación por delitos fiscales no podrán obtenerla nuevamente.

El dictamen modifica además las atribuciones de la ANAM y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), facultándolos para celebrar convenios en materia informática y tecnológica con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Asimismo, contempla medidas administrativas para simplificar trámites como la emisión de comprobantes fiscales digitales, el manejo de mercancías abandonadas o destruidas, la rectificación de pedimentos y la revisión en origen.

Por último, la reforma actualiza denominaciones oficiales, sustituyendo “Empresas Productivas del Estado” por “Empresas Públicas del Estado” y al “Servicio de Administración y Enajenación de Bienes” por el “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”.