Tras una semana de protestas encabezadas por agricultores en distintos estados del país, diputados federales acordaron modificar la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Las manifestaciones incluyeron cierres de carreteras, bloqueos en aduanas y puentes internacionales, especialmente en Ciudad Juárez, donde productores exigían cambios para evitar afectaciones a sus actividades.
La presión social derivó en negociaciones directas con legisladores y autoridades federales. La presidenta Claudia Sheinbaum ya había expresado disposición para hacer ajustes, señalando que el objetivo principal es evitar el acaparamiento y el uso indebido del agua, sin perjudicar a quienes viven del campo. Finalmente, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados integró un nuevo documento con las modificaciones acordadas.
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, confirmó que el dictamen ahora incluye precisiones y correcciones basadas en las demandas de los agricultores. Se prevé que la iniciativa sea sometida a votación en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 3 de diciembre.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación del concepto “uso agropecuario familiar”, que permitirá heredar títulos de concesión de agua. Antes, al fallecer el titular, la concesión regresaba automáticamente al gobierno, lo que ponía en riesgo el sustento de las familias campesinas. Con el nuevo artículo 49, las concesiones podrán heredarse con el mismo volumen, uso y plazo, y en transmisiones de propiedad se conservarán los derechos de explotación del recurso.
También se añadieron los artículos 37 Bis 1 y 37 Bis 2, donde se establece que la futura Autoridad Nacional del Agua tendrá un plazo de hasta 20 días para resolver solicitudes de transmisión de dominio en propiedades con concesiones, así como casos de fusiones o escisiones de sociedades. La autoridad deberá emitir un nuevo título a quien acredite legalmente la propiedad.
Otros ajustes contemplan ampliar de uno a dos años el periodo previo al vencimiento de una concesión para solicitar prórroga; reducir las multas máximas por delitos hídricos de 50 mil a 30 mil UMAs; y disminuir las penas de prisión, ahora de tres meses a ocho años. Además, se acotaron los supuestos de delito para evitar sancionar a quienes desconozcan el origen ilícito del agua utilizada, dejando fuera el uso personal, doméstico y el agropecuario familiar.
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