Por el Ciudadano Francisco Javier Domínguez Ramírez
Saludos a todos los ciudadanos de Chihuahuay autoridades competentes,
Me permito reiterar públicamente mi denuncia sobre actos de corrupción y malas prácticas en el proceso de resolución de un caso laboral que afecta directamente mis derechos. El empresario zapatero Enrique Alejandro Casillas Rafael, su abogada la Lic. Elizabeth García, y la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Delicias, la Lic. Quirina, en contubernio con un magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de la ciudad de Chihuahua, habrían actuado en beneficio del empresario a costa de la justicia y el derecho laboral.
Mi caso, con número de expediente 1/21/0525, corresponde a una denuncia por despido injustificado en la cual se ha presentado como prueba una supuesta “renuncia” falsificada mediante adición de contenido. Este documento fue utilizado para invalidar mi reclamo, a pesar de que presenté una denuncia penal por falsificación de documento y uso indebido del mismo. También incluí un dictamen de un perito certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de Chihuahua, el cual señala la falsedad de dicho documento. A pesar de la validez del dictamen, las autoridades involucradas desestimaron esta prueba sin realizar un segundo peritaje que sustentara su decisión.
Es lamentable que se haya ignorado también la evidencia en audio que presenté, en la cual se evidencia el momento en que soy despedido sin justificación y posteriores grabaciones en donde el empresario intenta llegar a un acuerdo, ofreciendo menos de la mitad de lo que me corresponde conforme a la ley. Este empresario, conocido en la comunidad como expresidente de CANACO Delicias y miembro de asociaciones como “VIDA” y “ACTIVO 20-30”, proyecta una imagen de ciudadano comprometido, sin embargo, actúa de manera corrupta y en abuso de su posición.
Hago un llamado respetuoso a la gobernadora Maru Campos y a las autoridades competentes para que revisen mi caso (Expediente 1/21/525) y se tomen medidas adecuadas para garantizar que se respeten los derechos laborales y la justicia en mi situación.
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