Pedro González Márquez, trabajador que sufrió un accidente laboral el 30 de septiembre de 2018, enfrenta un calvario luego de que, tras siete años de incapacidades médicas, el Instituto le negara la pensión con el argumento de que su lesión no calificó como riesgo de trabajo. Pese a múltiples cirugías y dolor constante, se le exige regresar a sus labores.

De acuerdo con su testimonio, desde el accidente no fue canalizado con un ortopedista ni recibió seguimiento especializado, únicamente medicamentos para la presión. González asegura tener testigos de que antes del incidente llevaba una vida activa dedicada a la jardinería, pero actualmente su movilidad es limitada y padece adormecimiento en las piernas.

El pasado 11 de septiembre, mientras permanecía internado por fuertes dolores, le informaron que sus incapacidades habían sido restringidas y que debía presentarse a trabajar. Al acudir con el documento médico, se le rechazó bajo el argumento de un oficio emitido por la doctora de incapacidad, en el cual se señalaba que él no se había operado ni acudido a terapias con el neurocirujano, lo que califica como falso.

González Márquez suma ya tres cirugías sin resultados favorables y acusa que la institución ha ignorado su dolor, su deterioro físico y las recomendaciones médicas, priorizando que se reincorpore “como sea” a su empleo, aun cuando su estado de salud le impide caminar con normalidad.