Chihuahua .— El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió la anulación de los créditos fiscales que habían sido iniciados contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y su esposa, Bertha Gómez, durante la administración de Javier Corral, por lo que, según informó la defensa legal del exmandatario, se deberán devolver las propiedades que habían permanecido aseguradas desde 2017.

En conferencia de prensa, los abogados de Duarte afirmaron que los procedimientos fiscales formaron parte de una presunta persecución política impulsada por el entonces gobernador Corral. Aseguraron que las auditorías se realizaron mientras Duarte se encontraba detenido en Miami y que las notificaciones no se pudieron concretar debido a que los inmuebles estaban asegurados y deshabitados.

De acuerdo con la defensa, los créditos fiscales alcanzaban un monto total superior a 101 millones de pesos: uno por más de 17 millones de pesos a nombre de César Duarte y otro por más de 84 millones contra la empresa Hidroponia del Parral, señalando a la esposa de Duarte como deudora solidaria. La defensa sostiene que las autoridades fiscales habían determinado un adeudo de IVA, pero que la actividad agrícola de la empresa —siembra de tomate— estaría exenta de dicho impuesto.

A raíz de la resolución que declaró la nulidad de los créditos, la defensa indicó que se ordenó la restitución de los inmuebles asegurados. Durante la misma conferencia, Duarte calificó a Javier Corral como “el saqueador más grande de la historia en Chihuahua” y afirmó que la resolución judicial representa “quitarse una losa muy pesada llena de mentiras”.

Por otro lado, los abogados recordaron que el pasado 26 de junio un juzgado de El Paso, Texas, desestimó una denuncia por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y lavado de dinero, presentada en 2019 por el exgobernador Corral, luego de que la defensa señalara que no se encontraron pruebas suficientes para acreditar los cargos.

Cabe señalar que en México persisten señalamientos y denuncias contra Duarte. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó transferencias desde presuntas empresas fachada y se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito, procesos que según la información pública continúan en revisión.