Chihuahua, Chih., La reciente adquisición de una nueva flotilla vehicular destinada a ministros, con un costo aproximado de 1.7 millones de pesos por unidad, ha generado cuestionamientos en torno al uso de recursos públicos y a la congruencia con los principios de austeridad que demanda la ciudadanía.
El tema cobró mayor relevancia ante el contexto económico actual y la exigencia social de un manejo responsable del gasto gubernamental. Al respecto, el presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo Ramírez, señaló que los ministros beneficiados con estos vehículos llegaron a sus cargos con el respaldo de un porcentaje reducido del voto ciudadano, lo que ha intensificado el debate sobre la pertinencia de este tipo de compras.
Ramírez expresó que si bien debe respetarse la autonomía de cada uno de los poderes, dicha autonomía también conlleva una responsabilidad clara en materia de transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, consideró que cualquier adquisición realizada con recursos públicos debe analizarse cuidadosamente y justificarse en función del beneficio que represente para la sociedad.
El legislador reconoció que desconoce los parámetros específicos bajo los cuales se autorizó la compra de la flotilla vehicular, situación que ha generado dudas respecto a los criterios utilizados para avalar un gasto de tal magnitud.
Finalmente, Guillermo Ramírez subrayó que la ciudadanía y el pueblo mexicano demandan políticas claras de austeridad en el ejercicio del gasto público, por lo que insistió en que decisiones de este tipo deben estar plenamente justificadas y alineadas con el interés público y el uso responsable de los recursos.
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