Chihuahua. – La crisis del agua en el estado de Chihuahua no es un problema reciente ni pasajero: se trata de una emergencia estructural y progresiva que amenaza el equilibrio ecológico, la seguridad alimentaria, la salud pública y la estabilidad social de toda la región. A diferencia de otros temas coyunturales, el deterioro de las fuentes hídricas en el estado ha avanzado por décadas sin una respuesta efectiva de largo plazo.

En Ciudad Juárez, por ejemplo, entre 1926 y 2003 se extrajeron 3,775 millones de metros cúbicos del acuífero Bolsón del Hueco, lo que representa un volumen equivalente al consumo anual de agua de una ciudad mediana durante varios siglos. Este nivel de explotación ha dejado huellas profundas en el subsuelo, reduciendo drásticamente la disponibilidad de agua potable y elevando el costo de su extracción.

La situación no mejora en la capital del estado. En Chihuahua, el sistema de pozos Conejos‑Médanos presenta un abatimiento de niveles acuíferos de hasta 90 metros, obligando a perforaciones más profundas que requieren más energía, mayor infraestructura y mayores inversiones. Esta condición no solo encarece el acceso al agua, sino que también pone en riesgo su calidad, al provocar intrusión de materiales y metales pesados.

El deterioro no se limita a los acuíferos. Fuentes superficiales como el río Chuvíscar, históricamente vitales para el abastecimiento urbano, han desaparecido fuera de temporada de lluvias. A esto se suma un problema aún más preocupante: altos niveles de uranio, arsénico y flúor detectados en el agua que sí se encuentra disponible, lo cual representa riesgos reales para la salud pública, especialmente para niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

A nivel estatal, el panorama no es más alentador. En 19 cuencas hidrográficas se ha detectado una sobreexplotación de hasta el 150 %, lo que significa que se extrae mucho más agua de la que los mantos pueden recargar naturalmente. Esta situación se ha visto agravada por prácticas de agricultura intensiva, la urbanización desordenada, y la falta de normativas efectivas de control y fiscalización.

Uno de los puntos más tensos en el horizonte hídrico es el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos, por el cual el gobierno mexicano debe entregar hasta 518 millones de metros cúbicos de agua en 2025. Esto representa un gran reto considerando que presas como El Granero, en Chihuahua, están apenas al 57 % de su capacidad, y otras se encuentran en condiciones aún más críticas. El cumplimiento del tratado, aunque legalmente obligatorio, compite directamente con la necesidad urgente de abastecer a las comunidades del estado.

El impacto es generalizado: afecta a agricultores que ven reducidos sus ciclos de riego, a comunidades rurales que dependen de pipas, a industrias que requieren volúmenes constantes para operar, y a familias que comienzan a percibir cortes, baja presión o cambios en la calidad del agua en sus hogares. A la par, el deterioro ambiental afecta también a especies nativas, suelos fértiles y zonas forestales que dependen de ciclos hídricos saludables.

La crisis del agua en Chihuahua no es solo un problema técnico, es una señal clara del agotamiento de un modelo de desarrollo que ha ignorado la capacidad real del territorio. Resolverlo requiere más que infraestructura: se necesita una gestión integral, con participación ciudadana, nuevas leyes, mayor vigilancia ambiental y una visión climática de largo plazo.