Chihuahua, Chih., El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformas a la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan validar las resoluciones emitidas por autoridades indígenas en el ejercicio de su jurisdicción.
El diputado Arturo Medina Aguirre, en representación de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, explicó que esta reforma responde al cumplimiento de una sentencia derivada del amparo 444 2024, en la que el Poder Judicial de la Federación determinó la existencia de una omisión legislativa que debía ser atendida.
El legislador señaló que con estas modificaciones se busca garantizar que la justicia indígena no sea considerada inferior, sino que se reconozca como un sistema especializado que coexiste y se coordina con el sistema estatal, respetando el pluralismo jurídico.
Como base técnica, se retomó la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce la jurisdicción indígena como una medida de reparación histórica. En este sentido, se estableció que el mecanismo de validación no implica una revisión de fondo de las decisiones, sino un proceso de homologación técnica que garantice el respeto a los derechos humanos.
La reforma también fija como límite el respeto a los derechos humanos fundamentales, al establecer que las resoluciones indígenas serán válidas siempre que no incluyan actos como tortura, tratos crueles, desaparición forzada o discriminación de género, bajo un estándar mínimo de dignidad.
Con estos cambios, se modificaron y adicionaron diversos artículos de ambas leyes, incluyendo la creación de un nuevo capítulo enfocado en el mecanismo de validación de decisiones de autoridades indígenas, fortaleciendo así el marco jurídico estatal.
El Congreso destacó que estas acciones permiten armonizar la legislación local con los criterios federales, al tiempo que se garantiza la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en Chihuahua.
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