Ciudad de México., La extorsión alcanzó en 2025 el nivel más alto del que se tiene registro en México y ante este escenario el Congreso aprobó una ley orientada a prevenir, investigar y sancionar este delito con penas que podrían llegar hasta los cuarenta y dos años de prisión. Se trata del único crimen que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido no haber logrado reducir durante su administración y que registró un aumento interanual de siete por ciento en los primeros seis meses del año para sumar cinco mil ochocientas ochenta y siete víctimas.

La Cámara de Diputados votó por unanimidad reformas que buscan unificar la definición de extorsión en todo el país y homologar las sanciones. Hasta ahora este delito se tipificaba, investigaba y castigaba de forma distinta en cada entidad federativa. Las nuevas disposiciones establecen que la extorsión y los actos relacionados se investiguen y persigan de oficio. Esto permitirá que cualquier persona realice un reporte de manera anónima sin que sea necesaria una denuncia formal por parte de la víctima.

El objetivo central es revertir las bajas tasas de denuncia. De acuerdo con datos oficiales el noventa y seis punto siete por ciento de los casos no se reportan por desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. Para enfrentar esta situación la normativa fija sanciones que van de quince a cuarenta y dos años de prisión para quienes cometan extorsión. También establece penas de diez a veinte años para funcionarios que no reporten este delito y de quince a veinticinco años para autoridades penitenciarias o servidores públicos que faciliten su práctica dentro de los centros de reclusión.

La reforma incluye además penalidades de seis a doce años para reos que utilicen dispositivos electrónicos y para quienes permitan su ingreso a los penales. Durante la discusión legislativa la presidenta de la Cámara de Diputados Kenia López señaló que la extorsión es el delito con mayor crecimiento en el país y advirtió que millones de personas continúan pagando un impuesto ilegal a grupos delincuenciales. Con esta ley el Congreso busca sentar bases más firmes para combatir un fenómeno que afecta a familias y empresas en todo el territorio nacional.