Chihuahua, Chih., La diputada del Partido Acción Nacional, Carla Rivas, aseguró desde la tribuna del Congreso del Estado que funcionarios vinculados a Morena enfrentan acusaciones formales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico y colaboración con el crimen organizado.
Durante su intervención, la legisladora afirmó que las acusaciones no corresponden a señalamientos políticos o mediáticos, sino a procesos judiciales impulsados ante fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York derivados de investigaciones por tráfico internacional de drogas.
Rivas señaló que las indagatorias contemplan delitos relacionados con la introducción de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a territorio estadounidense, además del uso de armamento exclusivo del Ejército, presunta protección institucional al crimen organizado, filtración de información de inteligencia y posible intervención del narcotráfico en procesos electorales.
La diputada panista sostuvo que la dimensión institucional del caso resulta alarmante debido a que, según indicó, las autoridades estadounidenses consideran que pudo existir una colaboración sistemática entre funcionarios públicos y grupos criminales utilizando instituciones de seguridad y justicia.
Asimismo, señaló que algunos de los funcionarios involucrados solicitaron licencia temporal a sus cargos bajo el argumento de colaborar con las investigaciones. Sin embargo, afirmó que existen declaraciones recientes del secretario de Seguridad federal donde se reconoce incertidumbre sobre el paradero de uno de ellos pese a contar con protección oficial.
Ante este panorama, Carla Rivas presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Poder Judicial de la Federación a atender la solicitud diplomática de detención provisional con fines de extradición emitida por el gobierno de Estados Unidos.
La legisladora insistió en que las autoridades mexicanas deben actuar con apego al Tratado de Extradición vigente entre ambos países y evitar cualquier intento de ocultar posibles vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.
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