Chihuahua.- La diputada Brenda Ríos, del partido Morena, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra el presidente municipal Marco Antonio B. M., y la directora de Desarrollo Urbano y Ecología Adriana D.N., así como contra varios funcionarios del municipio, a quienes acusa de estar vinculados a un cartel inmobiliario que ha cometido diversos delitos en la ciudad.

Chihuahua.-La denuncia, que busca hacer justicia por las afectaciones a la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, se sustenta en varias irregularidades detectadas por la diputada. A través de documentos obtenidos por transparencia, visitas a colonias y fraccionamientos, y denuncias recibidas en el Congreso, Ríos ha documentado una serie de hechos graves relacionados con la construcción desmedida y la corrupción en el ámbito inmobiliario.

Entre los hechos denunciados, destacan el derrumbe en el fraccionamiento Monte Xenit, causado por lluvias intensas y que puso en riesgo a las familias de la zona; la autorización de construcciones en áreas ecológicamente protegidas como el Cerro del Caballo; la confesión del empresario Cuauhtémoc Romero sobre pagos a funcionarios; la edificación de torres habitacionales en terrenos con riesgo de hundimientos por la sobreexplotación de los mantos freáticos; y la operación de tiendas de conveniencia sin los estudios ambientales y permisos correspondientes.

La denuncia incluye presuntos delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, ejercicio ilegal del servicio público, abuso de autoridad, uso ilegal de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, promoción de conductas ilícitas y encubrimiento. *Estos hechos con base a la poca información que se pudo recabar a través de las solicitudes de transparencia, así como las visitas a las colonias afectadas

La diputada subrayó que estos hechos evidencian la corrupción y la falta de control en el desarrollo urbano de la ciudad, lo que pone en peligro la integridad de los habitantes y el equilibrio ecológico de la región. Además, enfatizó que el gobierno municipal no ha cumplido con sus responsabilidades de regular adecuadamente el crecimiento de la ciudad, favoreciendo intereses privados a costa del bienestar colectivo.