En una sesión marcada por el conflicto político, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones la reforma a la Ley de Amparo, luego de eliminar la retroactividad de su aplicación. El dictamen, impulsado por Morena y sus aliados, fue avalado con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención, pese a las denuncias de fraude legislativo y falta de apertura por parte de la oposición.

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron el proceso como una “simulación” debido a que las audiencias públicas fueron convocadas con poca anticipación y sin incorporar las observaciones de los 35 especialistas invitados. La diputada de MC, Iraís Virginia Reyes, acusó a la mayoría de Morena de impulsar una reforma “que protege al poder y no a la gente”, y denunció que no se modificó “ni una coma” del documento discutido previamente.

Durante la sesión, también se registraron incidentes, como la interrupción del micrófono de Reyes mientras criticaba la falta de transparencia. Diputados del PRI solicitaron que se entregaran las grabaciones del Canal del Congreso para constatar los acuerdos previos, pero el acceso fue negado. En medio de este ambiente, el tricolor pidió declarar en sesión permanente las comisiones hasta obtener respuesta de la Junta de Coordinación Política, propuesta que fue rechazada por mayoría.

Uno de los puntos más controvertidos del dictamen fue el nuevo concepto de interés legítimo. La diputada y exministra Olga Sánchez Cordero advirtió que la redacción aprobada limita el acceso a la justicia para comunidades vulnerables, como pueblos indígenas, consumidores, defensores ambientales y la comunidad LGBTTIQ+. Afirmó que exigir un beneficio cierto o individual podría obstaculizar la labor de los colectivos que tradicionalmente promueven amparos colectivos.

La reforma también modifica las reglas sobre la suspensión del acto reclamado, al restringir sus efectos generales y exigir garantías específicas como billetes de depósito o cartas de crédito avaladas por el SAT. Para la oposición, estas medidas dificultarán que los jueces puedan detener actos que puedan causar daños irreparables antes de que concluyan los juicios.

El dictamen será turnado al pleno de la Cámara de Diputados en las próximas sesiones para su discusión final, en medio de advertencias de que representa un retroceso en materia de derechos y acceso a la justicia.