Chihuahua, Chih., El Sistema Nacional Anticorrupción requiere cambios profundos para cumplir con los objetivos para los que fue creado, debido a que sus resultados continúan siendo limitados, señaló Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado de Chihuahua, durante la Asamblea Ordinaria de la Comisión de Contralorías Estados-Federación de la Región Noroeste, realizada este fin de semana en la ciudad.
Acosta Félix explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción surgió en 2015 ante una crisis de credibilidad en el Gobierno Federal, por lo que consideró que su creación respondió a la necesidad de dar una respuesta inmediata y no necesariamente a un análisis profundo de las mejores prácticas para prevenir y combatir la corrupción.
Entre las principales deficiencias que identificó se encuentra el funcionamiento de su máximo órgano, el Comité Coordinador, debido a que integra y coordina a instituciones que, de acuerdo con el Auditor Superior, deberían mantener una función imparcial, como el Poder Judicial y los tribunales de justicia administrativa.
También señaló que, a una década de la creación del sistema, los subsistemas que conforman la Plataforma Digital Nacional continúan subutilizados o incluso sin funcionar, situación que limita las capacidades institucionales para prevenir y combatir actos de corrupción.
Durante la reunión, el Auditor Superior de Chihuahua también planteó la necesidad de reformar de manera urgente la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A partir de estadísticas, mostró una disminución a nivel nacional en la aplicación de sanciones desde la entrada en vigor de esta legislación, debido, entre otros factores, a que dejó fuera de sanción diversas conductas que son detectadas diariamente por los órganos fiscalizadores del país.
Otro de los puntos abordados fue la necesidad de poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Fiscalización, componente del Sistema Nacional Anticorrupción que, de acuerdo con Acosta Félix, en la práctica continúa sin operar de manera efectiva.
El Auditor Superior explicó que una operación adecuada de este sistema permitiría ampliar la cobertura de las auditorías realizadas a la Federación, los estados y los municipios, además de homologar los criterios utilizados durante las revisiones.
También permitiría evitar situaciones como las que actualmente se presentan, en las que algunos entes públicos son auditados simultáneamente por distintos órganos fiscalizadores, mientras que existen otros cuyo gasto no es revisado cada año.
En la asamblea, cuyo anfitrión fue el secretario de la Función Pública de Chihuahua, Roberto Fierro, participaron titulares de las secretarías encargadas del control interno de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, además del titular del Estado de México y la coordinadora nacional, Alejandra Pani Barragán, secretaria Anticorrupción del Estado de Morelos.
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