Chihuahua, Chih.- El abogado Jorge Emilio Hernández Mata presentó este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado una ampliación de la denuncia que ya existe contra la jueza Sexto Familiar por Audiencias, Graciela Guerrero Quiñones, por nuevas presuntas irregularidades en un caso familiar.
Explicó que la nueva denuncia está relacionada con el expediente 8/26 y otro que se encuentra acumulado, donde existe una suspensión definitiva otorgada por un juez federal. Esta resolución establece que la madre y su hijo menor de edad no pueden cambiar el domicilio que ya había sido reconocido dentro del proceso.
Hernández Mata señaló que la suspensión fue notificada el 14 de julio y publicada el 16 de julio. Sin embargo, indicó que el pasado 11 de agosto la jueza atendió una solicitud de la otra parte para cambiar el domicilio del menor.
De acuerdo con el abogado, la solicitud argumentaba que el cambio era necesario por cuestiones de escuela, practicidad y porque el nuevo lugar sería mejor para vivir.
El señalamiento principal es que, pese a la suspensión federal, la jueza habría aceptado analizar la solicitud y pidió a la otra parte presentar documentos que justificaran el cambio de domicilio en un plazo de tres días.
Hernández Mata consideró que esto podría representar un incumplimiento de la orden de un juez federal. Además, señaló que a su representación no se le habría informado de la solicitud para poder responder y presentar sus argumentos.
“Está incumpliendo con una disposición federal que es la suspensión definitiva”, afirmó.
El abogado agregó que esta actuación podría incluso representar un delito de desobediencia contemplado en la Ley de Amparo, aunque será la autoridad correspondiente la que determine si existe alguna responsabilidad.
Finalmente, indicó que estas nuevas acusaciones fueron agregadas a la investigación que ya lleva la Unidad de Investigación de Responsabilidad de Servidores Públicos del Tribunal Superior de Justicia contra la jueza.
Hernández Mata sostuvo que, desde su perspectiva, las actuaciones podrían deberse a un posible dolo y no solamente a un error o desconocimiento de la ley.
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