La exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla, reconoció que durante su gestión se detectaron irregularidades en el uso de recursos públicos, aunque aseguró que fueron identificadas y atendidas por los órganos de control correspondientes. En un comunicado emitido este martes, afirmó que las denuncias en su contra forman parte de un “asedio mediático” derivado de intereses afectados por las reformas impulsadas durante su administración.

Álvarez-Buylla sostuvo que los mecanismos de fiscalización implementados en el Conahcyt respondieron al interés público de garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos. Sin embargo, acusó que algunos medios han tergiversado acciones administrativas rutinarias para dañar su reputación y la de su familia. Subrayó que su gestión se condujo bajo los principios de la cuarta transformación y destacó que en su periodo se fortaleció la vigilancia sobre el manejo de fondos públicos.

Respecto a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control, explicó que las irregularidades señaladas corresponden a un contrato por 52 millones de pesos, en el cual la empresa no presentó entregables adecuados. Añadió que el contrato fue terminado de manera anticipada y los servidores públicos involucrados fueron removidos. Reiteró que no figura personalmente en los procedimientos sancionatorios, pues estos se dirigen a las empresas o funcionarios implicados.

La exfuncionaria defendió los resultados de su administración, afirmando que durante su periodo se recuperaron 21 mil 800 millones de pesos en el sector, de los cuales más de 14 mil millones provenían de fideicomisos extinguidos y 7 mil 651 millones de proyectos insolventes. Según datos de la ASF, entre 2019 y 2023 se detectaron posibles malos manejos por más de 400 millones de pesos, siendo 2021 el año con mayores irregularidades.

En medio de la polémica, la exdirectora también denunció amenazas y campañas de desprestigio en su contra. Esto ocurrió después de que un reportaje sobre el estudio de arte de su hija en la Ciudad de México coincidiera con la publicación de las auditorías. Álvarez-Buylla aseguró que sus bienes son públicos, que su patrimonio proviene de una trayectoria académica legítima y que las acusaciones son calumniosas. Además, afirmó que las agresiones digitales y mediáticas han afectado su vida personal y familiar.