Agarrón en el Congreso de Chihuahua, PAN y Morena se enfrentan por dictamen de jubilaciones anticipadas para el Poder Judicial
Chihuahua. – En un pleno lleno de tensiones y recriminaciones, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Morena protagonizaron un encendido enfrentamiento en el Congreso del Estado de Chihuahua por el dictamen que busca aprobar jubilaciones anticipadas para trabajadores del Poder Judicial. Según informes, los enfrentamientos llegaron al punto en que se lanzaron insultos como “estupideces”, “ignorancia” y “negligencia legislativa”.
La propuesta en el centro del debate
El dictamen, elaborado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, contempla que los trabajadores del Poder Judicial podrán jubilarse anticipadamente tras tan solo 10 años de servicio, con derecho a una pensión vitalicia de hasta 80,000 pesos mensuales. La medida, que aún se encuentra en análisis, incluye además un detallado esquema de compensaciones: titulares de magistratura y juzgados podrán optar por una pensión o, en ciertos casos, recibir un finiquito y compensación proporcional según la antigüedad, que se incrementará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Posturas en el pleno
Por un lado, los diputados del PAN, representados por Jorge Soto y Alfredo Chávez, defendieron la iniciativa argumentando que se trata de una medida de justicia para los trabajadores del Poder Judicial, quienes consideran que han sido históricamente desatendidos. “Estamos trabajando por la justicia de quienes laboran en el sistema judicial. Este decreto es un paso necesario para reconocer su esfuerzo,” señalaron los legisladores panistas.
Por otro lado, el grupo parlamentario de Morena –integrado por Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Jael Argüelles Díaz, Pedro Torres y Rosana Díaz– arremetió contra la propuesta, calificándola de “robo a los chihuahuenses”. Según sus declaraciones, destinar recursos para otorgar una pensión vitalicia a trabajadores con tan solo 10 años de servicio es, a su juicio, una injusticia que afecta la equidad y el destino de los fondos públicos. “No se trata de justicia social, sino de un abuso que perjudica a la ciudadanía,” afirmaron en medio del acalorado debate.
El dictamen, que aún no ha sido aprobado, entraría en vigor el día de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Mientras las discusiones continúan, la controversia ha polarizado a los legisladores, generando dudas sobre el impacto que tendrá esta reforma en la estructura financiera y operativa del Poder Judicial del Estado.