
Nacional.- El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó por adjudicación directa el 96 por ciento de los más de 13 mil 300 contratos que firmó entre enero de 2025 y septiembre de 2026, durante la gestión de Guadalupe Taddei como consejera presidenta. Las operaciones representaron más de 2 mil 829.7 millones de pesos destinados a servicios, arrendamientos y adquisiciones, de acuerdo con información publicada por La Jornada a partir de los contratos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre las empresas que recibieron contratos destacan Arzaa Protección y Vigilancia Especializada, con al menos 221 convenios; Jurídicos Integrales FBP, con 96 contratos por 54.13 millones de pesos; Vigilancia y Protección a la Sociedad, con poco más de 43 millones; Seguridad Privada Guns 8A, con 22.8 millones, y Protección y Logística Empresarial VYMSA, con 12.2 millones. Llama la atención que algunas compañías fueron contratadas tanto para labores de vigilancia como de limpieza en instalaciones del organismo electoral.
La investigación periodística también documentó contratos millonarios entregados a personas físicas. Entre los casos destaca Ana María Juárez Hernández, quien acumuló al menos 49.5 millones de pesos mediante 60 contratos a su nombre y otros dos asignados a Seguridad Privada Cabiexm. La publicación señala que es esposa del empresario Mario Guitian Rosas, quien ha enfrentado señalamientos de presunta extorsión que rechazó públicamente. Además, entre los contratos de mayor monto aparece uno superior a mil 100 millones de pesos relacionado con la producción de credenciales para votar y servicios tecnológicos.
El volumen de adjudicaciones se suma a los cuestionamientos sobre el manejo de las contrataciones en el organismo electoral. La Auditoría Superior de la Federación amplió sus revisiones sobre contratos del INE y organismos electorales locales, mientras que la Fiscalía General de la República realizó diligencias en oficinas del instituto como parte de las investigaciones por posibles irregularidades. Aunque la adjudicación directa está contemplada en la legislación, los montos, la concentración de proveedores y las condiciones en que se asignaron los contratos mantienen bajo escrutinio el uso de recursos públicos durante la administración de Taddei.







