Una resolución del Juzgado Tercero de Distrito ordena al secretario general de Gobierno abstenerse de emitir pronunciamientos de culpabilidad que vulneren la presunción de inocencia de la exdirectiva de la Feria de Santa Rita.
CHIHUAHUA, CHIH.– El caso de Andrea Cecilia Domínguez Anguiano llegó nuevamente a los tribunales federales y ahora involucra directamente al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, luego de que una jueza concediera una suspensión provisional por posibles afectaciones a la presunción de inocencia de la exdirectiva de la Feria de Santa Rita.
La resolución, emitida el pasado 5 de noviembre por el Juzgado Tercero de Distrito en Chihuahua, dentro del juicio de amparo 2673/2026-XIII-7, establece restricciones a las declaraciones públicas del funcionario relacionadas con la denuncia presentada por Andrea Domínguez.
De acuerdo con la determinación judicial, el secretario deberá abstenerse de emitir pronunciamientos de culpabilidad o expresiones insidiosas que vulneren la presunción de inocencia de la promovente, en relación con la información vinculada a su denuncia.
En las páginas 18 y 19 del documento, la juzgadora advierte que los funcionarios de alto rango tienen una responsabilidad especial al emitir declaraciones públicas, debido a la credibilidad e influencia que les otorga el cargo que desempeñan.
La defensa de Andrea sostiene que Santiago de la Peña conocía la denuncia presentada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el pasado 6 de octubre, en la que se señalaron presuntas amenazas, intimidaciones y posibles abusos de autoridad.
Además, cuestiona que, pese a ese conocimiento, no se habrían activado mecanismos institucionales para canalizarla a las instancias de protección correspondientes, evaluar su nivel de riesgo y prevenir posibles represalias.
En total, la demanda señala ocho aspectos relacionados con la actuación del secretario: cuatro vinculados con sus declaraciones y conocimiento del caso, y otros cuatro relacionados con presuntas omisiones en materia de protección y atención institucional.
La defensa advierte que estos hechos podrían derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales, siempre que se acrediten las conductas y los elementos jurídicos correspondientes.
La resolución representa un nuevo capítulo en el conflicto que Andrea Domínguez mantiene desde hace meses y coloca bajo escrutinio judicial las declaraciones de uno de los principales funcionarios del Gobierno estatal.
El procedimiento todavía no concluye. La audiencia incidental para resolver si se concede la suspensión definitiva fue programada para este 12 de noviembre a las 9:26 horas.
Mientras tanto, la defensa sostiene que el caso continúa avanzando por la vía legal y que la resolución federal constituye un primer pronunciamiento cautelar sobre la protección de los derechos de Andrea Domínguez.
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