Chihuahua, Chih., Si el Gobierno de Chihuahua tenía información sobre presuntos actos de corrupción, debe explicar desde cuándo la conocía, qué hizo para investigarla y por qué ahora es motivo de una nueva línea de investigación federal. Esa es la exigencia de la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, de morena, quien presentó siete preguntas dirigidas al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, y a la Fiscalía General del Estado (FGE).
El cuestionamiento parte del comunicado 745/26 de la Fiscalía General de la República (FGR), publicado el 23 de octubre, que informó sobre una reunión solicitada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván con la fiscal federal, Ernestina Godoy Ramos. De acuerdo con el comunicado, la mandataria compartió información sobre presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres, señaló al exfiscal general del Estado por determinados hechos y se comprometió a facilitar documentación que dio pie a una nueva línea de investigación.
El problema es que señalar posibles irregularidades no explica qué hizo el Gobierno para atenderlas. Si la administración estatal tenía información sobre estos hechos, resulta indispensable conocer cuándo la recibió, si la denunció oportunamente y qué actuaciones realizó antes de llevarla ante la autoridad federal.
Por ello, Guzmán Argueta pidió a Santiago de la Peña precisar si el Gobierno estatal presentó denuncias o comunicaciones formales, si la Secretaría General de Gobierno conocía los señalamientos y si existen documentos que acrediten las gestiones realizadas. También exigió aclarar si la gobernadora ya entregó a la FGR la documentación anunciada y, de no ser así, qué impide hacerlo.
A la Fiscalía estatal le solicitó informar si recibió denuncias o antecedentes sobre los presuntos hechos y si coordinó acciones con la instancia federal. Las respuestas deberán presentarse por escrito, con fundamento y pruebas documentales, sin comprometer información reservada de las investigaciones.
Para la legisladora, el punto no es anticipar culpabilidades, sino determinar si las instituciones actuaron cuando tuvieron conocimiento de posibles irregularidades. La responsabilidad pública no se limita a denunciar hechos cuando se vuelven políticamente relevantes: también exige explicar qué se sabía y qué se hizo en su momento.
La pregunta de fondo es quién sabía qué, desde cuándo y qué hizo al respecto. Porque si existía información sobre posibles actos de corrupción, la ciudadanía tiene derecho a conocer si fue atendida oportunamente o si las autoridades dejaron pasar el tiempo sin actuar.
Guzmán Argueta sostuvo que el Congreso debe exigir explicaciones documentadas, no tomar partido en versiones enfrentadas. La rendición de cuentas también obliga al Gobierno a responder por sus propias decisiones, especialmente cuando afirma tener información sobre posibles delitos.
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