México., La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso de María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido sulfúrico ocurrido en 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca. El máximo tribunal del país revisará los amparos relacionados con el proceso penal por tentativa de feminicidio contra el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual de la agresión.
La decisión fue tomada por el Pleno de la SCJN el 19 de octubre, mediante el ejercicio de su facultad de atracción en la solicitud 566/2026. El objetivo será analizar la legalidad de la decisión que anuló una sentencia absolutoria y ordenó reponer el juicio oral contra Vera Carrizal.
Entre los puntos centrales que examinarán los ministros se encuentra la facultad de una persona juzgadora sustituta para dejar sin efectos una resolución emitida por quien presenció directamente el desahogo de las pruebas durante el proceso judicial. El análisis buscará determinar si esa actuación se ajustó a las reglas del sistema penal acusatorio.
El asunto también permitirá establecer los alcances del principio de inmediación, que regula la relación directa de la persona juzgadora con las pruebas y las partes durante un juicio. La SCJN deberá considerar cómo se relaciona este principio con el debido proceso, la seguridad jurídica, la libertad personal y la prohibición de juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.
Juan Antonio Vera Carrizal, exlegislador del Partido Revolucionario Institucional, ha sido señalado como presunto responsable intelectual del ataque contra María Elena Ríos. La agresión ocurrió en 2019 y dio lugar a un proceso penal por tentativa de feminicidio que continúa generando controversias judiciales.
Por su parte, Juan Antonio Vera Hernández, hijo del exdiputado, también ha sido vinculado con la planeación de la agresión. De acuerdo con la información disponible, permanece prófugo y cuenta con una orden de aprehensión vigente, además de una ficha de búsqueda emitida desde 2021.
Con la atracción del caso, la Suprema Corte revisará los aspectos jurídicos relacionados con la reposición del juicio y los criterios que deben prevalecer en la actuación de los órganos judiciales. Su análisis será relevante para determinar si la decisión de anular la absolución y ordenar un nuevo juicio se ajustó a los principios que rigen el sistema penal acusatorio.
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