México., La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la ampliación del periodo de consulta para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, luego de que representantes de comunidades originarias y afromexicanas solicitaran más tiempo para revisar y aportar propuestas a la iniciativa.
El anuncio se realizó el 12 de octubre, durante el Día de la Resistencia Indígena, en un encuentro celebrado en el Primer Patio Mariano de Palacio Nacional, donde participaron representantes de los 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano. La mandataria señaló que la propuesta no será presentada ante el Congreso de la Unión hasta que las comunidades consideren concluido el proceso de consulta.
Durante el diálogo, Yaneth Cruz Gómez, representante del pueblo Tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, solicitó ampliar el plazo y entregó una propuesta de ley. Sheinbaum indicó que la legislación debe construirse a partir de las voces de las propias comunidades, al tratarse de derechos que requieren consulta indígena.
La presidenta también destacó la importancia de incorporar a la iniciativa el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, conocido como FAISPIAM, así como los Planes de Justicia, los Caminos Artesanales y el reconocimiento de la propiedad comunal tradicional.
Sheinbaum afirmó que, con la Cuarta Transformación, los pueblos indígenas y afromexicanos fueron reconocidos en la Constitución como sujetos de derecho, lo que permitió que recibieran recursos de manera directa para desarrollar obras de infraestructura, entre ellas comedores comunitarios, escuelas y universidades interculturales. Durante su mensaje, sostuvo que el diálogo debe realizarse en condiciones de igualdad ante la ley.
En el encuentro también participaron representantes de distintas comunidades que compartieron sus experiencias y plantearon necesidades. María Márquez Joaquín, del pueblo P’urhépecha, reconoció la reforma constitucional que reconoce a las comunidades como sujetos de derecho, mientras que Lucas Pérez Hernández, del pueblo Tsotsil, agradeció la oportunidad de dialogar directamente con la mandataria.
Por su parte, Crisóforo Valenzuela, representante del pueblo Yaqui, destacó los avances en obras hidráulicas para garantizar el acceso al agua potable. Rosa María Hernández, de la comunidad afromexicana de la región centro de Veracruz, reconoció la voluntad del Gobierno federal para atender sus derechos, mientras que Agustina del Carmen Tah Pech, de Quintana Roo, mencionó los beneficios asociados al Tren Maya y preguntó por las acciones que seguirán.
La participación de Chihuahua destacó con la intervención de Hortencia Palma Palma, gobernadora indígena de Guachochi, quien señaló que los comedores comunitarios han beneficiado a estudiantes de su región. Además, solicitó duplicar los apoyos dirigidos a jóvenes universitarios. Entre las inquietudes compartidas por los representantes de las comunidades también estuvo la continuidad del FAISPIAM.
Durante la reunión, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, informó que entre 2025 y 2026 se ejercieron 25 mil 424 millones de pesos del FAISPIAM para realizar 52 mil 547 obras en comunidades indígenas y afromexicanas.
Asimismo, detalló que los 22 Planes de Justicia han beneficiado a 2.6 millones de personas indígenas en 14 estados, con una inversión de 64 mil 523 millones de pesos. También reportó la restitución de 45 mil 794 hectáreas al pueblo Yaqui, 6 mil 26 hectáreas en la Sierra Tarahumara, 5 mil 956 hectáreas a la comunidad Wixárika de Jalisco y 569 hectáreas al primer ejido Otomí. Para este año, añadió, se tiene como meta la construcción de 400 caminos artesanales.
Regino Montes agregó que, como parte de la consulta para elaborar la nueva legislación, se han realizado 77 asambleas regionales y 19 mesas de trabajo, en las que se recopilaron 2 mil 287 aportaciones. Con la ampliación del periodo, el Gobierno federal busca que las propuestas de los pueblos originarios y afromexicanos continúen incorporándose antes de que la iniciativa sea enviada al Congreso.
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