Chihuahua, Chih., 9 de octubre de 2026.– Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) han escalado su confrontación con el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua, al anunciar posibles procedimientos para solicitar la remoción de su consejera presidenta, Yanko Durán Prieto, y de integrantes del Consejo Estatal, a propósito del proyecto de lineamientos en materia de paridad de género que será discutido este sábado 10 de octubre.
Las declaraciones contrastan con el discurso que ambas fuerzas políticas sostuvieron durante las movilizaciones de 2022 y 2023, cuando, bajo la consigna “El INE no se toca”, defendían públicamente la autonomía de las autoridades electorales y advertían sobre los riesgos de cualquier intento de debilitarlas.
El 26 de febrero de 2023, las dirigencias del PAN y del PRI en Chihuahua participaron en las movilizaciones convocadas en defensa del Instituto Nacional Electoral. Tres años después, las mismas fuerzas políticas plantean acudir a procedimientos de remoción contra integrantes del organismo encargado de organizar las elecciones locales.
La controversia tiene su origen en el artículo 61 del proyecto de lineamientos de paridad, mediante el cual el IEE propone reservar exclusivamente para mujeres las candidaturas a presidencias municipales en 23 municipios de Chihuahua. La medida ha generado cuestionamientos jurídicos entre las fuerzas políticas, principalmente por los límites de la facultad reglamentaria del Instituto, las atribuciones reservadas al Poder Legislativo y el derecho de autoorganización y autodeterminación de los partidos.
La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, ha sostenido que el organismo electoral estaría excediendo sus atribuciones al establecer reglas que, desde su interpretación, corresponden al Congreso del Estado. Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, anunció que su partido analiza solicitar ante el INE la remoción de consejeros electorales y promover un juicio político si se mantienen las disposiciones cuestionadas.
El debate, sin embargo, plantea una distinción fundamental: cuestionar la constitucionalidad de una determinación electoral no equivale a acreditar una causa legal para destituir a quienes la emiten. Los partidos políticos cuentan con medios de impugnación para controvertir acuerdos que consideren contrarios a la Constitución, mientras que la remoción de consejerías responde a un procedimiento distinto, sujeto a causas graves expresamente previstas en la legislación.
A ello se suma que las advertencias de posibles destituciones se han producido antes de que el Consejo Estatal adopte una decisión definitiva sobre los lineamientos. La discusión se encuentra todavía en una etapa de deliberación institucional, por lo que cualquier valoración sobre la legalidad de las disposiciones deberá considerar el contenido final del acuerdo que eventualmente se apruebe.
El episodio ha reabierto así una discusión sobre la congruencia en la defensa de la autonomía electoral: si la independencia de las instituciones debe protegerse únicamente cuando sus decisiones coinciden con los intereses de determinadas fuerzas políticas, o si constituye un principio democrático que debe respetarse también frente a resoluciones controvertidas.
La legalidad del artículo 61 y la independencia de las consejerías electorales son cuestiones distintas que deben examinarse por sus respectivas vías constitucionales. La primera corresponde al análisis de las facultades reglamentarias, la paridad y los derechos de los partidos; la segunda, a las garantías institucionales que permiten a las autoridades electorales deliberar y resolver sin presiones indebidas.
El Consejo Estatal del IEE tiene prevista para este sábado 10 de octubre la discusión de los lineamientos. Hasta entonces, la reserva de candidaturas en los 23 municipios continúa siendo una propuesta pendiente de resolución, mientras persiste el debate público sobre los alcances de la autonomía electoral y los mecanismos legales para revisar las decisiones de sus autoridades.
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