“Hago responsable de mi vida, de mi libertad y de la de mi familia a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y a quienes señala como parte de su círculo cercano”.
Con este mensaje, Andrea Domínguez Anguiano, exdirectora operativa de la Feria de Santa Rita, rompió públicamente el silencio y denunció una presunta persecución que, asegura, comenzó el 30 de junio de 2026, luego de separarse de la administración del tradicional evento.
En un video difundido este lunes, Domínguez Anguiano afirmó que durante los últimos años estuvo al frente de la operación de la Feria de Santa Rita y que trabajó bajo las instrucciones de Manuel Campos Galván, hermano de la gobernadora. Ahora sostiene que, después de negarse a participar en lo que calificó como “deudas” y “fraudes millonarios”, comenzó una serie de hechos que, según su denuncia, la mantienen bajo persecución.
La acusación incluye directamente a María Eugenia Campos Galván; Manuel Campos Galván; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; su hermano, Alberto De la Peña Grajeda; y Fernando Álvarez Monje, secretario particular de la gobernadora, a quienes responsabiliza públicamente de cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella o a integrantes de su familia.
Pero el señalamiento más delicado de su denuncia apunta directamente a la Fiscalía General del Estado. Domínguez asegura que ha intentado obtener ayuda institucional y presentar las denuncias correspondientes, pero afirma que “le han cerrado las puertas”, por lo que pidió públicamente apoyo jurídico para poder acceder a la justicia y defenderse legalmente.
De acuerdo con su relato, la madrugada del 30 de junio más de 20 personas armadas habrían ingresado a su domicilio, donde se encontraba acompañada de sus hijos y su madre. Asegura que fueron apuntados con armas y posteriormente incomunicados, mientras que sus teléfonos personales y laborales, una computadora, documentos y dinero habrían sido sustraídos.
“Me quitaron mis teléfonos, tanto el personal como el del trabajo; sustrajeron mi computadora, mi maletín de documentos y mis ahorros”, afirmó la exdirectiva en el video, al tiempo que sostuvo que desde ese momento comenzó una persecución que continúa hasta ahora.
Domínguez también acusó haber sido víctima de amenazas, violencia de género y presunto acoso sexual, además de señalar que decidió decir “no” a situaciones que, según su versión, estaban relacionadas con la administración de la Feria. Las acusaciones forman parte de su denuncia pública y deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes para determinar si existe responsabilidad.
La denuncia ocurre después de que el Patronato de la Feria de Santa Rita confirmó la revocación de la autorización para operar y administrar el evento a la Fundación Expo Parque Ávalos S.C. y a Servicios Funcionales Geicoo S.A. de C.V., medida que tuvo efectos a partir del 30 de junio. La nueva administración también desconoció legal y operativamente a 15 personas relacionadas con el grupo saliente, entre ellas Andrea Domínguez Anguiano.
El conflicto ya había derivado en señalamientos sobre posibles irregularidades administrativas y financieras. La Secretaría de la Función Pública confirmó en agosto que existía una investigación para determinar si hubo anomalías, aunque aclaró que en ese momento no era jurídicamente correcto señalar responsables antes de concluir la revisión y la entrega-recepción de la documentación.
Ahora, Andrea Domínguez lleva el conflicto a un terreno todavía más delicado: afirma que no solamente está siendo perseguida, sino que tampoco ha encontrado una puerta abierta en la institución encargada de investigar los delitos. Por ello, lanzó un llamado público para recibir acompañamiento jurídico y poder presentar formalmente sus denuncias.
“Estoy tratando de defender mi integridad, mi vida y mi libertad”, sostuvo, al insistir en que ninguna mujer debería ser víctima de violencia o persecución por poner límites, denunciar presuntos abusos o negarse a participar en actos que considere irregulares.
La exdirectiva cerró su denuncia con un mensaje dirigido directamente al Gobierno del Estado y a la gobernadora: “Se supone que este es el gobierno de la vida, ese gobierno donde la seguridad de la familia es lo más importante”, cuestionando qué ocurre cuando una mujer afirma necesitar protección y asegura no encontrar respuesta en las instituciones estatales.
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