Juárez, Chih., A 18 meses de que comenzaron a hacerse públicas las denuncias por presuntos casos de violencia sexual contra menores que acudían a la Guardería Gussi en Ciudad Juárez, madres de familia acudieron con la diputada María Antonieta Pérez Reyes para exponer el estado que guardan sus investigaciones y solicitar acompañamiento.
Cuatro madres se reunieron de manera privada con la legisladora para abordar sus casos y expresar su preocupación por la falta de avances que, aseguran, han observado en las carpetas de investigación. De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, algunas familias consideran que las indagatorias incluso han retrocedido en determinados aspectos.
Las madres señalaron que sus hijas, algunas de ellas de uno, dos y tres años de edad, se encontraban bajo el cuidado de la guardería cuando presuntamente ocurrieron los hechos. La situación, indicaron, ha representado no solamente una afectación para las familias, sino también un proceso prolongado de incertidumbre ante la falta de resultados.
Uno de los puntos planteados durante la reunión fue la posibilidad de que las investigaciones estén considerando que las presuntas agresiones pudieron haber ocurrido fuera de la guardería. Según lo expuesto por las madres a la diputada, hasta ahora no se les habrían presentado elementos suficientes para sustentar esa hipótesis.
Pérez Reyes señaló que las autoridades deben esclarecer de manera exhaustiva qué ocurrió, dónde ocurrieron los hechos y quiénes pudieran resultar responsables, sin descartar líneas de investigación antes de contar con elementos suficientes. Sus declaraciones coinciden con señalamientos públicos realizados previamente por la legisladora sobre la falta de avances en el caso.
La diputada informó que su equipo jurídico revisará el estado de las carpetas y que buscará incorporar a organizaciones especializadas, entre ellas Casa Amiga, para brindar acompañamiento a las familias y definir una estrategia jurídica que permita solicitar resultados a las autoridades.
El caso ha sido objeto de cuestionamientos públicos por parte de las familias desde que se presentaron las primeras denuncias. Reportes publicados durante 2026 señalan que las investigaciones continúan abiertas y que las madres han solicitado mayor información sobre el avance de las indagatorias.
La legisladora sostuvo que, además de esclarecer los hechos, las autoridades deben atender a las familias con perspectiva de infancia y bajo un enfoque de derechos humanos. También refrendó que dará seguimiento al caso desde su responsabilidad legislativa y utilizará las herramientas disponibles para solicitar que las instancias competentes actúen con diligencia.
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