Chihuahua, Chih., La diputada Alma Portillo urgió a las autoridades estatales a expedir el Reglamento de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, al considerar que la ausencia de este instrumento jurídico mantiene a miles de familias en una situación de incertidumbre y dificulta la garantía efectiva del acceso al agua potable.
La legisladora señaló que durante los últimos años ha acompañado a ciudadanos que se han visto obligados a promover juicios de amparo para exigir que las autoridades les proporcionen el servicio de agua. Indicó que esta problemática refleja las deficiencias de una ley que, pese a estar vigente, carece de las disposiciones reglamentarias necesarias para su correcta aplicación.
Portillo afirmó que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y sostuvo que las familias no deberían recurrir a instancias judiciales para obtenerlo. Explicó que la falta de un reglamento genera vacíos legales que permiten interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades y dificultan la exigencia de responsabilidades cuando las instituciones incumplen con sus obligaciones.
La diputada recordó que en marzo de 2021 el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley del Agua que establecieron la obligación de emitir el reglamento correspondiente en un plazo de 180 días. Sin embargo, aseguró que han transcurrido más de cinco años sin que dicho mandato haya sido cumplido.
Entre las afectaciones derivadas de esta omisión, mencionó temas relacionados con cobros, mediciones, tandeos, fugas, suspensión del servicio, procedimientos de atención y diferencias en los criterios aplicados por los organismos operadores, situaciones que generan incertidumbre jurídica y desigualdad para los usuarios.
Ante este escenario, presentó un exhorto dirigido a la titular del Poder Ejecutivo Estatal y a la Junta Central de Agua y Saneamiento para que impulsen las acciones jurídicas, técnicas y administrativas necesarias para la expedición y publicación del Reglamento de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua.
La legisladora sostuvo que contar con una reglamentación adecuada permitiría fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la certeza jurídica en torno a uno de los temas más sensibles para la población chihuahuense. Asimismo, reiteró que garantizar el derecho al agua requiere no solo de su reconocimiento legal, sino también de mecanismos claros que obliguen a las autoridades a actuar y aseguren un acceso equitativo al servicio.
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