El Gobierno de Maru Campos enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que autoridades de Estados Unidos sancionaran a la empresa Grupo Especial Mamba Negra por presuntos vínculos con una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa, empresa en la que aparece vinculado un alto funcionario del sistema penitenciario estatal.
De acuerdo con registros oficiales y documentación pública, Ricardo Fernández Acosta figura como socio y representante de Grupo Especial Mamba Negra, mientras actualmente ocupa el cargo de subsecretario del Sistema Penitenciario del Estado de Chihuahua, dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal encabezada por Gilberto Loya.
El caso golpea directamente el discurso de seguridad que el gobierno estatal ha intentado sostener durante los últimos años, especialmente en un estado marcado por la violencia, el narcotráfico y la disputa entre grupos criminales. No se trata de un funcionario menor: Fernández Acosta ocupa una posición estratégica dentro del control penitenciario de Chihuahua, una de las áreas más delicadas en materia de seguridad pública.
Hasta ahora, ni el Gobierno del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública Estatal han informado si existe una investigación interna, una revisión administrativa o alguna medida sobre el funcionario relacionado con la empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El silencio oficial ocurre mientras el señalamiento proviene directamente de autoridades estadounidenses encargadas del combate financiero contra estructuras ligadas al narcotráfico.
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