Chihuahua, Chih., Con el objetivo de fortalecer la protección legal a mujeres víctimas de violencia, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para que se considere la legítima defensa cuando exista antecedente de violencia feminicida por parte del agresor.
La modificación contempla la adición de un tercer párrafo al artículo 28 del Código Penal estatal, así como cambios al artículo 6 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se define la violencia feminicida como la forma más extrema de violencia de género.
Durante la presentación del dictamen, la diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante de la Comisión de Feminicidios, explicó que esta reforma busca que los jueces valoren los casos con perspectiva de género, especialmente cuando las víctimas actúan para defender su vida en contextos de abuso prolongado.
“La violencia feminicida es producto de la violación de derechos humanos y se manifiesta mediante conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo la vida de mujeres, adolescentes y niñas”, expuso.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 70.1% de las mujeres en México ha experimentado al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida.
Asimismo, cifras del INEGI indican que en 2024 los Centros de Justicia para las Mujeres atendieron a más de 638 mil víctimas, lo que evidencia la magnitud del problema.
La legisladora subrayó que el sistema penal ha presentado deficiencias en la atención de estos casos, como la falta de protocolos con enfoque de género y la aplicación desigual de la ley, lo que puede derivar en sentencias injustas para mujeres que actuaron en defensa propia.
Como antecedente, recordó el caso de una joven en Chihuahua que, tras años de violencia por parte de su pareja, fue procesada por homicidio luego de un enfrentamiento en el que el agresor perdió la vida, situación que generó indignación pública y llegó a instancias internacionales.
Con esta reforma, el Congreso busca garantizar que las autoridades judiciales consideren el contexto de violencia previa al momento de analizar los hechos, evitando la criminalización de víctimas que actuaron en legítima defensa.
Finalmente, se destacó que esta medida amplía la protección no solo a mujeres, sino también a niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, reforzando el marco legal en materia de derechos humanos y acceso a la justicia.
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