Chihuahua, Chih., Ante los elevados niveles de contaminación del aire en el estado, el diputado panista Jaime Torres Amaya presentó un Punto de Acuerdo para solicitar al Gobierno Federal y a la Comisión Nacional Forestal que reviertan los recortes presupuestales aplicados a la institución. El objetivo es fortalecer las acciones de prevención y combate de incendios forestales, cuya incidencia ha impactado directamente en la calidad del aire en la entidad.
El legislador respaldó su propuesta con cifras que evidencian un debilitamiento operativo. Entre 2018 y 2024, el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal registró una reducción de 33.1 por ciento en términos nominales y de 50 por ciento en términos reales. En paralelo, el promedio de hectáreas afectadas por incendios se disparó de 70 a 208.9, lo que representa un incremento del 198 por ciento. Además, los años recientes han sido los más críticos en cuanto a superficie dañada, con más de un millón de hectáreas afectadas anualmente entre 2023 y 2025.
Torres Amaya también señaló las condiciones en las que laboran los combatientes forestales, quienes perciben salarios de alrededor de 9 mil pesos mensuales y operan con equipo en mal estado. A esto se suma la desaparición del programa de brigadas desde 2019, lo que ha limitado la capacidad de respuesta ante emergencias. En su propuesta, plantea restituir dicho programa, garantizar una partida presupuestal mínima para la institución y destinar recursos extraordinarios para reforestación y atención a la crisis ambiental en Chihuahua.
El diputado advirtió que la problemática no solo es ambiental, sino también de salud pública. Indicó que ciudades como Chihuahua, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc han registrado concentraciones elevadas de partículas contaminantes como PM2.5 y PM10, las cuales están asociadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Durante marzo de 2026, la capital del estado fue señalada como la ciudad con peor calidad del aire en el país.
Finalmente, recordó que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece la atención de incendios y plagas como una obligación del gobierno federal, no como una decisión opcional. El Punto de Acuerdo fue presentado ante el pleno del Congreso del Estado el 31 de marzo de 2026.
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