
Chihuahua, Chih., El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma al Código Penal estatal para tipificar como delito las llamadas falsas o de broma al número de emergencias 9-1-1, con el objetivo de evitar el uso irresponsable de este servicio y garantizar la atención oportuna de incidentes reales.
La iniciativa fue presentada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, ante la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Poder Legislativo.
Durante 2025, el sistema de emergencias 9-1-1 en Chihuahua recibió 2 millones 454 mil 268 llamadas, de las cuales el 65.30 por ciento fueron catalogadas como improcedentes, lo que representa un problema para la operación de los servicios de emergencia.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Nancy Frías, explicó que cada llamada falsa ocupa líneas y recursos que podrían estar destinados a atender emergencias reales. Recordó que los operadores del sistema deben tratar cada reporte como verdadero hasta confirmar lo contrario, lo que en ocasiones implica movilizar patrullas, ambulancias, bomberos o equipos de rescate.
Con la reforma se adiciona el artículo 307 Bis al Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual establece que quien realice de manera dolosa una llamada falsa de emergencia o reporte un aviso inexistente que provoque la movilización de corporaciones de seguridad, servicios médicos o protección civil, podrá recibir una pena de seis a doce meses de prisión y una multa de 100 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La legislación también establece que las sanciones podrán incrementarse hasta en una mitad de la pena de prisión y hasta una tercera parte de la multa cuando la llamada falsa genere movilización efectiva de corporaciones o cause daños, lesiones o perjuicios.
Asimismo, se precisa que cuando el reporte falso sea producto de un error de apreciación sin intención maliciosa, se aplicarán las disposiciones del Código Penal relacionadas con excluyentes de delito.
Con esta medida, el Poder Legislativo busca fomentar el uso responsable del número de emergencias y garantizar que los recursos de atención se destinen a situaciones que realmente lo requieran.







